“Se están manejando algunos hechos que no son parte de la realidad”, dijo ayer el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, cuando este medio le preguntó sobre si designaría como embajador de buena voluntad por la justicia ambiental al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, a pesar de los cuestionamientos de la sociedad civil panameña.
“Se están manejando supuestos que no son”, contestó Almagro a la pregunta de La Prensa sobre la carta que el 4 de este mes le enviaron 11 oenegés panameñas, en la que le dijeron que “no es no es aceptable que la OEA de un espaldarazo a quien es cuestionado por su propio pueblo (...)”. Y ayer lo reiteraron en una vigilia.
“Le solicitamos a la OEA que decline esa distinción. La ciudadanía así lo dice, el pueblo está descontento”, dijo Sandra Escorcia, del Movimiento Institucionalidad y Justicia.
RECRUDECE
A las 3:00 p.m. de hoy, en una ceremonia en el edificio principal de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, José Ayú Prado, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), será designado embajador de buena voluntad por la justicia ambiental en las Américas.
El acto, de acuerdo con la agenda oficial del organismo, estará presidido por el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien hará una presentación “magistral” sobre las tendencias en el Estado de derecho ambiental en las Américas.
Junto con Ayú Prado, serán designados embajadores de buena voluntad el presidente de la Corte Suprema de Argentina, Ricardo Luis Lorenzetti; Sergio Muñoz, de la Suprema Corte de Justicia de Chile; Alfredo Gutiérrez, de la Corte Suprema de México; y Antonio Benjamín, del Tribunal Superior de Justicia de Brasil.
Cada “embajador” hará una corta presentación del tema y participará en un diálogo que estará moderado por Claudia de Windt, jefa de la Sección de Derecho Ambiental, Política y Gobernabilidad de la OEA.
HABLA ALMAGRO
La distinción se hará pese a las voces que cuestionaron el reconocimiento, alegando que “no es aceptable que la OEA dé un espaldarazo a quien es cuestionado por su propio pueblo”.
Al preguntársele ayer sobre las críticas de las oenegés panameñas, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, contestó: “Se están manejando algunos hechos que no son parte de la realidad”.
Y cuando se le reiteró, vía Whatsapp, si no tendrían en cuenta la opinión de la sociedad civil panameña, respondió: “Se están manejando supuestos que no son”.
En una carta enviada a Almagro el pasado 4 de febrero, 11 agrupaciones civiles panameñas le contaron que en enero pasado pidieron a la Comisión de Estado por la Justicia que se invitara a Panamá al Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, para analizar la crisis de la administración de justicia.
Ayer, los cuestionamientos no cesaron. Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, dijo que antes de hacer ese tipo de reconocimientos se debe investigar “qué está pasando en los poderes judiciales de nuestra región. Este puesto no es que tenga tanta trascendencia, pero molesta. No hay que darle tanta importancia, porque son simples reconocimientos que hace la OEA para que los poderes judiciales de la región dicten fallos en beneficio del ambiente, (...) pero de todas formas molesta (...)”.
A su vez, María Soledad Porcell, del Centro de Incidencia Ambiental, aseguró: “La administración de justicia en materia ambiental ha sido bastante lenta. En general, nosotros tenemos muchísimos casos que tienen mucho tiempo en la Corte. Estamos considerando también dirigir una carta al secretario de la OEA”.
Y añadió: “Los fallos ambientales que ha dado la Corte Suprema de Justicia de Panamá, básicamente los ha emitido la Sala Tercera. A él [Ayú Prado] le están dando la distinción por ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Él no forma parte de la Sala Tercera. Además, la mayoría de los fallos no han sido positivos”.
En la noche, Ayú Prado se pronunció. En un extenso escrito, explicó que en noviembre y diciembre de 2015 participó en reuniones con personal de la OEA y del Programa Nacional para el Desarrollo de Naciones Unidas sobre la conformación de una red de fiscales y jueces especializados en justicia ambiental. “No es un cargo diplomático. No es una posición dentro de la OEA. Nada de eso”, dijo. “Ahora deberemos duplicar esfuerzos, con el apoyo de la OEA,
México, Brasil, Argentina y Chile, en materia de justicia ambiental. Los jueces y magistrados panameños deberán conocer y manejar los convenios internacionales firmados y ratificados por Panamá que protegen el medio ambiente, y aplicarlos”, agregó.
LA VIGILIA
Antes, en la tarde, la molestia ciudadana se trasladó a la vía España frente a la Iglesia del Carmen. Allí, panameños indignados con la administración de justicia local también aprovecharon para volver a pedir la renuncia de los nueve magistrados de la Corte. Un hombre vestido de negro y con una máscara que simulaba la cara del presidente de la Corte portaba un cartel que decía: “Embajador de la corrupción”, mientras que en su frente se leía en letras amarillas: “OEA”.
Actualmente, Ayú Prado tiene 13 denuncias en la Asamblea por distintos casos. Una buena parte de estos recursos llegó al Legislativo en enero pasado, luego de que el magistrado Harry Díaz dejara en evidencia en una entrevista la injerencia del expresidente Ricardo Martinelli en el Órgano Judicial, la existencia de bandos políticos en el pleno de la Corte, el turismo judicial por parte de los magistrados, entre otros aspectos que generaron la crisis en la institución judicial.
En una de las denuncias contra Ayú Prado, se le acusa de idear un plan para judicializar los pinchazos telefónicos durante el gobierno de Martinelli.
