Una nueva amenaza se cierne sobre la libertad de expresión en Panamá.
El temor surge tras una opinión del procurador de la Administración, Oscar Ceville, en torno a una demanda de inconstitucionalidad que presentó el juez marítimo Calixto Malcolm contra una frase del artículo 193 del Código Penal, que trata sobre los delitos contra el honor.
El referido artículo señala que cuando los sujetos “ofendidos” por algún medio de comunicación social sean funcionarios de elección popular, gobernadores, magistrados, procuradores, jueces, ministros o jefes de entidades autónomas, “no se impondrá la sanción penal”.
Malcolm solicitó que esa frase fuera declarada inconstitucional, ya que sostiene que crea fueros y privilegios, algo que está prohibido, según la Constitución. El reclamo del juez marítimo es parte del proceso que promueve contra el abogado Juan David Morgan, a quien denunció por la supuesta comisión del delito contra el honor.
Cuando la Corte Suprema le solicitó su opinión al procurador de la Administración, Oscar Ceville, este consideró que aunque la frase demandada por Malcolm no era inconstitucional, esta no impedía que se ejercieran y desarrollaran acciones penales, “hasta su conclusión, puesto que lo único que se veda mediante dicha frase es la posibilidad de aplicar la sanción penal a quienes resulten responsables de haber cometido el delito”.
