Siete meses después de que la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada presentara una apelación contra la decisión del Juzgado Tercero Penal de sobreseer de forma provisional a 16 personas acusadas por la falsificación de pasaportes con visa para entrar a Estados Unidos, ese despacho aún no ha remitido el expediente al Segundo Tribunal Superior.
En octubre de 2010, el juez tercero penal (suplente), Hermes Quintero, dio un sobreseimiento provisional a favor de 16 personas acusadas por delitos contra la humanidad, contra la seguridad colectiva y por asociación ilícita para delinquir.
En ese mismo fallo, el juez decidió llamarlos a juicio por un delito menor de corrupción de servidores públicos y les cambió la detención preventiva por las medidas cautelares de impedimento de salida del país y notificación cada 15 días ante el juzgado.
La decisión del juez se produjo a pesar de que en el expediente la fiscalía –previa autorización del magistrado de la Sala Penal Jerónimo Mejía– logró interceptar llamadas telefónicas en las que la supuesta cabecilla de la organización, Yesenia López Echeverría, sostenía conversaciones con miembros de la red.
El juzgado también dio un sobreseimiento definitivo a favor de Julio López Echeverría, por el delito de falso testimonio.
En esta investigación, la fiscalía comprobó que funcionarios de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el Servicio Nacional de Migración (SNM), el Ministerio Público (MP), la Dirección Nacional de Pasaportes y el Tribunal Electoral (TE) contactaban a potenciales clientes para ofrecerles pasaportes con visa de entrada a Estados Unidos.
La fiscalía corroboró asimismo que el grupo mantenía una jerarquía y dividía sus tareas.
También se verificó que algunos extranjeros viajaron a Estados Unidos con la documentación falsa.
Según la investigación, la banda se dedicó a falsificar licencias de conducir, cédulas, pasaportes con identidades de ciudadanos panameños y permisos de trabajo que eran vendidos a dominicanos, colombianos y asiáticos.
Las pesquisas comenzaron luego de que fueran descubiertos dos ciudadanos colombianos con pasaportes falsificados.
De acuerdo con las sumarias, la organización cobraba hasta 5 mil dólares por cada pasaporte falsificado, e incluso 2 mil por una cédula y una licencia de conducir.
En noviembre de 2010, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada presentó la apelación contra el sobreseimiento dado por el juez Quintero, pero hasta el pasado martes se desconocía por qué el expediente no había ingresado al Segundo Tribunal Superior de Justicia, para su calificación.
Esta es una de las redes de supuestos falsificadores más grande detectada en los últimos años y que involucró a funcionarios de varias instituciones públicas.
A raíz de esa investigación se reforzaron las medidas de seguridad en la elaboración de pasaportes.
La investigación se inició en diciembre de 2009 y culminó casi un año después, con un pedido de llamamiento a juicio de la fiscalía.
