Los sectores que se oponen a la Ley 30 –conocida como ley 9 en 1– no se dan por vencidos. Apuestan a que, por medio de la docencia, se incentive a la población a presionar al presidente, Ricardo Martinelli, para que derogue la polémica norma.
El martes, el Colegio de Abogados realizó un foro en el que participaron trabajadores de diferentes sectores. El fin, explicó el ex fiscal y organizador de la actividad Carlos Herrera Morán, es generar conciencia sobre el impacto negativo de esta ley, que, según dijo, vulnera los derechos humanos y los intereses de los movimientos sindicales.
Como la ley ya fue promulgada, Herrera Morán dijo que espera que los magistrados “se empinen por encima de los intereses políticos y a través de un fallo se reivindique a la Corte”.
Genaro López, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), precisó que las acciones contra la Ley 30 continuarán. Sin embargo, indicó que aún no se ha decidido si el gremio se irá a huelga o no.
Ayer, la Cámara de Comercio de Chiriquí emitió un comunicado en el que pidió a Martinelli “rectificar” su decisión, por considerar que la forma en que se discutió y se aprobó la ley genera desconfianza entre la población.
“No estamos acostumbrados a esa manera de legislar, y si en el pasado se hizo, no se debe imitar, porque se atenta contra la dignidad y los derechos ciudadanos”, dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí, Manuel Reyes S.
En tanto, el viceministro de Comercio, Ricardo Quijano, negó que la nueva ley haya puesto en peligro la firma del tratado de promoción comercial (TPC) con Estados Unidos (EU).
Esa declaración se da tras los señalamientos del Partido Revolucionario Democrático, de que por la aprobación de la ley, EU declinó firmar el TPC.
(Con información de Teófilo González y Ohiggins Arcia Jaramillo)
