La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional archivó el expediente 210 con la denuncia interpuesta por el abogado Rolando Sánchez Núñez contra el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, , a quien había acusado de ser parte de un plan para judicializar las intervenciones telefónicas que se hacían a opositores desde el Consejo de Seguridad Nacional durante la administración del gobierno anterior.
Sánchez presentó el 11 de este mes un desistimiento personal ante la Secretaría General de la Asamblea para no seguir con el trámite de la denuncia que interpuso el 20 de enero pasado.
“El desistimiento de la denuncia obedece a razones de índole personalísimas, por lo que en caso de que esta sea admitida, no podré asistir a ningún requerimiento que se me haga por parte de la Comisión de Credenciales de la Asamblea”, argumentó el abogado.
Más tarde, detalló a este medio que renunció a todos los procesos como litigante, incluyendo este, porque desde hace poco trabaja en el Ministerio Público. Al analizar el expediente, la comisión determinó que “el desistimiento de la parte actora indica la ausencia de fortaleza probatoria para admitir esta denuncia”, por lo que determinó no continuar con el trámite pertinente en virtud de la voluntad del denunciante.
En este caso, el presidente de la Corte había sido denunciado por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes del servidor público.
REACCIONES
Abogados y sectores de la sociedad civil cuestionaron la decisión de la comisión. Uno de los que adversó la acción fue el abogado Rosendo Rivera. “Es una lástima que se haya desistido; no obstante, esa es una acción que no le compete al señor denunciante, ya que los delitos denunciados no admiten desistimiento. Ni él [Rolando Sánchez] puede desistir ni la Asamblea puede admitir dicho desistimiento”, explicó.
Aprovechó para anunciar que él, junto con otros abogados, denunciará al presidente de la Corte por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad y extralimitación de funciones, luego de que enviara una carta a la Fiscalía Sexta Anticorrupción en la que solicitó que se le limiten los movimientos en el Segundo Tribunal de Justicia de investigados en el llamado caso “La Taquilla”.
En septiembre de 2015, Rivera contó al magistrado de la Corte Harry Díaz –quien actúa como fiscal en el caso que le sigue la CSJ al expresidente Ricardo Martinelli por los pinchazos– que en su momento el exadministrador Salomón Salo Shamah le contó que el hoy presidente de la Corte, José Ayú Prado, ideó un plan para legalizar las interceptaciones telefónicas, camuflando los números telefónicos que querían intervenir en expedientes de las fiscalías de drogas y contra el crimen organizado.
Por su parte, la diputada independiente Ana Matilde Gómez opinó que se debe determinar a qué obedece ese desistimiento. “Es una iniciativa legítima de que quien activa [la denuncia], la puede desactivar. El tema aquí es el rol que debió haber jugado la Asamblea en todo este tiempo, mientras el ciudadano esperó que se actuara. Se debe verificar”, dijo.
En tanto, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, aseguró: “Los abogados, y yo soy el presidente de los abogados, son muy dados a denunciar a los jueces y magistrados cuando pierden los casos”.
Cuestionó la demora de los diputados de la Comisión de Credenciales para analizar las denuncias contra magistrados de la Corte. “Es patético, lo que ahí ocurre da mucho que pensar, es un mecanismo para que ellos no sean investigados por la Corte, entonces retienen las denuncias de los magistrados y se percibe que uno no investiga al otro y viceversa”, planteó.
Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, recordó que la comisión aún tiene 12 denuncias contra Ayú Prado y otros magistrados que no se han desestimado, a las cuales debe dar respuesta urgente. “Algunos no vamos a desistir, nosotros hemos puesto las denuncias y vamos a presionar a la Asamblea para que la comisión tome las medidas pertinentes”, aseguró.
