Asamblea posterga el debate de casos contra magistrados

Pese a que la sociedad civil y gremios profesionales han exigido que se le busque una salida a la crisis que se vive en el Órgano Judicial, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional no tiene en agenda tramitar, por ahora, las denuncias que han sido interpuestas contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia durante los últimos días.

El presidente de la Comisión de Credenciales, Jorge Iván Arrocha, informó ayer que la comisión se reunirá esta semana, pero no para tratar las acciones contra los magistrados. Mientras que Katleen Levy, miembro de la instancia, afirmó que tratarán el asunto después de los carnavales.

Entre las denuncias que han llegado al Legislativo luego de que el magistrado Harry Díaz hiciera importantes revelaciones del Judicial se cuenta un recurso contra el presidente de la Corte, José Ayú Prado, en el que se le acusa de supuestamente idear un plan para judicializar los pinchazos en el gobierno pasado.

TRAMITAR

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional sigue sin tramitar las denuncias que fueron presentadas ante la Secretaría general de ese órgano después de las revelaciones que hizo el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Harry Díaz sobre corrupción, bandos políticos entre magistrados y la intromisión del Ejecutivo en el Judicial.

Luego de la confesión de Díaz, al Órgano Legislativo han llegado al menos ocho denuncias contra magistrados de la CSJ, tres de ellas relacionadas directamente con sus declaraciones en Telemetro.

El pasado lunes 25 de enero, el secretario general de la Asamblea, Franz Wever, comunicó que el video de la entrevista tuvo que ser copiado en audio y que había sido remitido al Departamento de Actas y Anales para su respectiva transcripción. No obstante, Wever manifestó ayer que aún no le ha llegado la transcripción y, por ende, no ha podido remitir esta denuncia a la Comisión de Credenciales. No explicó el motivo de la demora. El resto de las denuncias, explicó, ya fue remitido a esa instancia.

En tanto, Jorge Iván Arrocha, presidente de la mencionada Comisión, informó que se reunirán esta semana, en fecha aún por definir, pero que no abordarán las denuncias contra magistrados de la Corte.

La primera vicepresidenta de la Asamblea y miembro de ese comité legislativo, la panameñista Katleen Levy, precisó que serían tratadas después de los carnavales.

La primera denuncia formal surgida tras las declaraciones de Díaz fue la que hizo el abogado Rolando Sánchez en contra del presidente de la Corte, José Ayú Prado, por supuestamente idear junto con el exadministrador de la Autoridad de Turismo de Panamá Salomón Shamah una fórmula para intervenir o judicializar las intervenciones telefónicas ilegales que se hacían a opositores desde el Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

Dos días después, Ayú Prado y sus colegas Hernán De León y Luis Ramón Fábrega, quienes forman parte de la junta directiva de la Corte, denunciaron a Díaz por presuntas “faltas a las normas de transparencia e integridad en la gestión judicial” y remitieron copia digital, avalada por la Autoridad de los Servicios Públicos, de la entrevista que brindó Díaz el 14 de enero.

Por su lado, la exviceministra de la Presidencia María Fábrega acusó a Díaz por calumnia e injuria y violación a las normas de carrera judicial, en representación de su hermano, Luis Ramón Fábrega.

Mientras, Ángel Álvarez, abogado de tres víctimas de los pinchazos –Miguel Antonio Bernal, Zulay Rodríguez y Yassir Purcait–, también acusó a Díaz por calumnia e injuria.

Por su parte, representantes de Alianza Ciudadana pro Justicia interpusieron otro recurso contra Ayú Prado, De León y Fábrega por la supuesta comisión del delito de peculado de uso, a raíz de los gastos en viajes al extranjeros y los excesivos viáticos cobrados.

A su vez, el juez penal de Adolescencia de Colón y Guna Yala, Juan Domingo Ibarra, presentó otras dos querellas por supuesto abuso de autoridad y tráfico de influencias en contra de Ayú Prado. Ambas tienen relación con un proceso disciplinario que empezó Ayú Prado contra Ibarra.

Hay más recursos contra magistrados de la Corte en el palacio Justo Arosemena. El abogado Enrique Arrocha Rubio, en representación del ciudadano francés Jean Richard Charbit, presentó otro recurso contra al menos nueve magistrados de la Corte, a raíz de una resolución aplicada contra Charbit para su expulsión del país.

CUESTIONAN DEMORA

Anette Planells, del Movimiento Independiente, consideró “una vergüenza” que ante “la grave crisis judicial y la atención del ciudadano puesta en la Asamblea como ente fiscalizador, no se defina si van a abrir una investigación por las graves denuncias presentadas contra magistrados de la Corte”.

“No vemos en estos momentos un tema que sea más importante que resolver el tema de la crisis judicial”, sustentó.

Por su parte, Fredy Pitty, de Juntos Podemos, manifestó que en momentos en que el sistema de gestión de justicia está tan desprestigiado es necesario que la Comisión de Credenciales se pronuncie a la mayor brevedad. “Con esta demora se empieza a perder la confianza en la Comisión de Credenciales y se empiezan a generar dudas y cuestionamientos por parte de la sociedad civil, que exigimos a los diputados que rindan cuentas, además de asumir la responsabilidad de darnos explicaciones”, señaló.

SIGUE POLÉMICA

Entretanto, la diputada Zulay Rodríguez elevó ayer una consulta ante la Procuraduría de la Administración sobre la aparente negativa de Arrocha de acumular las otras cuatro denuncias presentadas contra Ayú Prado por la destitución del juez Ibarra con los cinco expedientes que ya ella tiene de ese proceso.