Desde Panamá, María del Pilar Hurtado, ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia, gestiona una demanda contra el Estado colombiano con la que pretende ser indemnizada por 150 mil dólares.
Hurtado, investigada en su país por interceptar teléfonos a periodistas, magistrados y políticos adversarios del gobierno de Álvaro Uribe, está asilada en Panamá desde noviembre pasado cuando el presidente, Ricardo Martinelli, aceptó acogerla en suelo panameño en medio de duras críticas.
Según medios colombianos y agencias internacionales, Hurtado, a través de su abogado, presentó una solicitud de conciliación –primer paso para demandar al Estado– ante la Procuraduría colombiana, donde pide que se anule un fallo que le prohibió el ejercicio de funciones públicas por 18 años.
Este diario contactó vía telefónica a la embajadora de Colombia en Panamá, Gina Benedetti, para pedirle una reacción de este hecho, pero dijo que no escuchaba las preguntas que se le hacían debido a la mala recepción telefónica del lugar donde estaba. Sin embargo, pidió que se le enviara la solicitud por correo electrónico a Germán Gómez, de su equipo de comunicaciones, quien informó luego que los diplomáticos no suelen opinar de estos temas sin autorización del canciller.
El que sí habló fue el ex canciller panameño Jorge Ritter, quien catalogó de insólito que una persona que buscó refugio en otro país para huirle a la justicia del propio, encima le reclame al suyo una indemnización.
“Si no las normas del derecho internacional, al menos el decoro debía indicarle que sus opciones son: renunciar al asilo e ir a demandar al Estado en Colombia, o permanecer en Panamá lo más callada posible para no recordarnos, ni a los panameños ni a los colombianos, un estatus que nunca debió tener”, agregó.
Hace poco, el ex vicepresidente venezolano José Rangel dijo que Hurtado habría instalado en Panamá una oficina para dar servicios de seguridad portuaria.
