La Contraloría General de la República entregó al Ministerio Público (MP) el resultado de una auditoría a instituciones de la Universidad de Panamá (UP) que desviaron fondos a la Fundación Universidad de Panamá (Fudep). Y, tal como se creía, se descubrió una lesión que hasta ahora suma 490 mil dólares. Pero el perjuicio puede ser mayor, si se considera que el informe abarca una fracción de la vida jurídica de la Fudep y la UP.
La auditoría practicada tras la publicación de una investigación en La Prensa, el año pasado, en la que se mostraba aparentes anomalías en el manejo de fondos de la UP– implicó a una veintena de funcionarios, entre ellos, dos candidatos a la rectoría de esta casa de estudios.
Los auditores indicaron que hay una serie de hechos que ameritan ser profundizados: “Debido a que se desconoce el número total de unidades académicas que realizaron actividades especiales, cuyos ingresos fueron depositados a la cuenta particular de la Fudep, se recomienda una auditoría integral en esta casa de estudios, que abarque el resto de las unidades académicas”, subrayan.
Representantes de la Fudep estuvieron renuentes a la práctica de la auditoría, a tal punto de que frecuentemente obstaculizaron la labor.
El MP inició investigaciones por denuncias contra el rector, Gustavo García de Paredes. Se esperaba esta auditoría para investigar judicialmente a la Fudep. Consultada, la UP envió un correo con una explicación, pero pidió que no se publicara.
AL DESCUBIERTO LESIÓN EN LA UP
Desde un refrigerio hasta la compra de pasajes aéreos para funcionarios de la Universidad de Panamá (UP). Casi todo pasaba por la Fundación Universidad de Panamá (Fudep), directo, sin tomarse la molestia de hacer cotizaciones en busca del mejor precio e infringiendo la Ley de Contrataciones Públicas.
Así concluye la auditoría que practicó la Contraloría General de la República a la UP, entregada al Ministerio Público la semana pasada.Pero el informe de auditoría no está completo, pues solo abarcó movimientos de fondos entre 2011 y 2014, a pesar de que la Fudep tiene vida jurídica desde 1995.
Los auditores, tras examinar la ejecución de proyectos, como capacitaciones y consultorías, por los que la UP cobraba, confirmaron que los fondos que generaban estas actividades eran depositados en la cuenta privada de la Fudep. Y en ello estaban, al menos, 13 unidades académicas de la UP.
En conclusión, para los auditores de la Contraloría esta irregular práctica causó un “perjuicio económico” que asciende a 490 mil 100 dólares, pero, como se dijo, el monto podría ser superior.
La lesión corresponde a ingresos por actividades de estas unidades, “los cuales no fueron reportados”, desembolsos efectuados sin documentos sustentadores; ingresos no depositados y el cobro por parte de la Fudep de comisiones a varias unidades administrativas en calidad de “gastos administrativos”, pero “sin la formalización de los acuerdos respectivos”.
“El hecho consistió en que las Unidades Académicas utilizaron las instalaciones y recursos de la Universidad de Panamá, para brindar servicios en concepto de capacitación, consultorías e investigaciones a empresas privadas, instituciones del Estado y personas particulares; sin embargo, los fondos recaudados por estas actividades fueron depositados directamente a la cuenta privada [...] que mantiene la Fundación Universidad de Panamá en el Banco General”, indica la auditoría.
Esta cuantía incluye “cargos imputados por pagos y transferencias propias de la Fudep sin autorización del director” del instituto, facultad o centro regional. Contrario a lo que aseguró el rector Gustavo García de Paredes –de que la Fudep ayudaba a la Universidad de Panamá sin que esta le diera dinero–, durante el período auditado, la Fudep recibió 1.1 millones de dólares en su cuenta privada de diversos institutos y facultades de la UP por actividades de autogestión.
La Fudep efectuó pagos por 801 mil dólares; desembolsó otros 348 mil dólares en funcionamiento de las unidades académicas –desembolsos que no cuentan con la debida documentación sustentadora–; cobró 85 mil dólares en “comisiones” por administrar fondos sin formalizar un acuerdo que estableciera esta obligación con el instituto o facultad de la Universidad de Panamá; y realizó pagos por 34 mil dólares a empresas por servicios de telefonía y otros, sin el aval del director del instituto o facultad (ver tabla).
“Debido a que se desconoce el número total de unidades académicas que realizaron actividades especiales, cuyos ingresos fueron depositados a la cuenta particular de la Fudep, se recomienda una auditoría integral en esta casa de estudios, que abarque el resto de las unidades académicas”, indican los auditores.
Añade que algunos funcionarios no entregaron la documentación de pagos y cheques tramitados, “solo se presentó un pequeño grupo” de los beneficiarios de los cheques para ser entrevistados por el equipo auditor.
El examen de la Contraloría se autorizó de oficio, en septiembre de 2015, tras la investigación de La Prensa, que evidenció el desvío de fondos universitarios por seminarios, investigaciones y servicios a dicha fundación, que se convertían en “donaciones” y cuyo uso se desconocía.
Los auditores advirtieron que depositar fondos en una cuenta particular contraviene “con lo establecido en las Normas de Control Interno Gubernamental [...] en la cual se indica que los ingresos que por todo concepto perciban las entidades públicas, deben ser depositados en cuentas bancarias nominativas en el Banco Nacional de Panamá”.
Además, el informe es categórico al señalar que la Fudep no cumplió su rol de apoyar académica y científicamente a la UP. “Cobraba comisiones por la administración de los fondos de las diferentes unidades académicas, sin tomar participación en el desarrollo, y no tenía una estructura que le permitiera desarrollar proyectos”.
LOS SEÑALADOS
Por la afectación hay una veintena de señalados, como decanos, profesores y administrativos. Entre ellos, dos candidatos a rector: Dorindo Cortez, director del Instituto de Estudios Nacionales (IDEN); y Nicolás Jerome, decano de la Facultad de Administración Pública, aunque en calidad de entrevistado.
Las capacitaciones de la facultad de Jerome se cobraban con libretas que tenían el logo de la fundación y se depositaban a la citada cuenta privada. “Ahí no hay nada fuera de orden, todo está regulado” mediante un convenio, dijo el decano.
Si Jerome es elegido rector, dijo que mantendría el procedimiento actual. “Si todo está cumpliendo con la normativa y con la ley, definitivamente que sí [...], porque es un mecanismo de tramitación más expedito” para pagar a los proveedores.
¿Es decir –preguntó La Prensa– no utilizan la Ley de Contrataciones Públicas, sino que por la Fundación todo es directo?
“Es un mecanismo que de alguna medida desvía, es correcto, en alguna medida, cuando esos procedimientos engorrosos, burocráticos y de control fiscal demoran el proceso...”, admitió.
A su vez, Cortez –director del IDEN– desembolsó 41 mil dólares para compras sin documentos de respaldo. Algunos ingresos de capacitaciones de su instituto se usaron “a discreción, como fondo de caja menuda” para gastos operativos “contrario a lo establecido en disposiciones legales”, indican los auditores.
“Presentamos toda la documentación referida a todas las compras, a la utilización de recursos. No hubo un gasto que no justificáramos. Ahora, cómo ellos han valorado la justificación que se ha presentado, [eso] ya es otra cosa”, contestó Cortez.
La auditoría expone que se obstaculizó la obtención de documentos: “No pudimos determinar el monto de los ingresos enviados, según recibo para cada ente y cuenta bancaria”, pero Cortez asegura que en el IDEN fueron facilitadores de la labor fiscalizadora.
“Si hay un informe de la Contraloría que dice no están claros los mecanismos de transparencia, obviamente que yo, como rector, no trabajaría bajo ninguna circunstancia con ese mecanismo...”, afirmó Cortez.
Otro de los involucrados con la lesión es Sergei De La Rosa, presidente de la Fudep, por el cobro de comisiones. Pero él lo negó, dijo que es un “descuento” por el manejo de esos dineros.
“No me moleste en mi casa por favor. Vaya a la Fundación, si quiere, con sus chanchullos, sus cuentos y sus vainas. Yo estoy reposando en mi casa y ¡no le voy a atender más llamadas”!, gritó De La Rosa antes de cortar la llamada.
Por autorizar desembolsos para bienes y servicios por un monto de 3 mil 500 dólares, sin órdenes de compra ni cotizaciones, la investigación menciona a Rolando Gordón, decano de la Facultad de Economía, a lo que se suma que su facultad concedió “préstamos” a funcionarios a través de la Fudep, que no era el objetivo del organismo.
Gordón dijo que los dineros por servicios de diplomados o autogestión los depositaban en la Fudep para utilizarlos de manera rápida en las necesidades de la facultad. Añadió que entregó todos los detalles de los pagos a la Contraloría y, “lo que faltaba no eran cosas grandes, sino pequeños cheques [...] tengo toda la documentación”.
“Soy un hombre honesto, que jamás he sido acusado de nada, y no voy a embarrarme por mil y pico o dos mil dólares. Aquí están todos los sustentos que quieren ellos”, añadió Gordón.
La auditoría también menciona a Eduardo Camacho, director del Instituto de Geociencias, por emitir un cheque sin sustento y que sus servicios eran pagados directamente en la Fudep, cuyo recibo se efectuaba con libretas que contenían el logo de la Fundación, y que no mantenían un control de los ingresos del instituto.
Camacho aseguró que todo “fue una confusión” por parte de la Fundación, que todo se “aclaró” y que los pagos a este instituto tendrían que ir a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.
Camacho dijo que “eso que me menciona lo hace la [Universidad] Tecnológica, la Unachi y Udelas. No es solo la UP [...]. Cuando hagan la auditoría, van a encontrar cosas similares a esa”.
Se cita también como involucrados en la lesión a directores y exdirectores de institutos, como a Vasco Duke, del Instituto Especializado de Análisis –quien dijo que mal puede comentar sobre el informe de auditoría porque no lo ha recibido–; Olmedo García, del Instituto del Canal y Estudios Internacionales; Ramón Ehrman, del Instituto de Ciencias Ambientales y Biodiversidad; a la exdirectora del Instituto de Estudios Nacionales Enilsa Cedeño; y a la decana de la Facultad de Enfermería, Alcira Tejada, a quienes se les dejó recados con sus secretarias, pero no hubo respuesta al cierre de esta edición. Al consultarle a la UP sobre esta auditoría, un vocero envió un correo que pidió no ser divulgado.
