El proceso seguido al ex presidente Ernesto Pérez Balladares por blanqueo de capitales no solo estrena juez, sino que también podría tener nuevo fiscal.
El pasado 19 de febrero, el fiscal especializado contra la Delincuencia Organizada, José Ayú Prado, solicitó al juez noveno penal, Diego Fernández, que decida si incurre en alguna causal que justifique su impedimento.
La petición de Ayú Prado está relacionada con Omar Solano, quien forma parte del equipo de abogados defensores en el caso de Pérez Balladares. Según precisó Ayú Prado, Solano representó a su familia en un juicio de sucesión, en 1998.
Solano es abogado de Eyda Achón Quesada, secretaria privada de Pérez Balladares y quien aparece como imputada junto con otras 11 personas, por la posible comisión del delito de blanqueo de capitales.
Ayú Prado se encuentra de licencia. En su puesto quedó Lisette Chevalier.
El juez Fernández, quien hace dos semanas fue designado por el Segundo Tribunal de Justicia para que resuelva todos los recursos relacionados con este caso, rechazó la semana pasada una petición de fianza de excarcelación presentada por la defensa del ex presidente.
Fernández también negó revocar la medida de casa por cárcel dictada contra Pérez Balladares, así como la devolución de su pasaporte.
Ayer, en un “comunicado a la ciudadanía”, la abogada de Pérez Balladares, Guillermina McDonald, negó que la sociedad Shelf Holding Inc. –en la que su cliente es signatario– haya recibido “grandes sumas de dinero en efectivo”, como afirmó Fernández en su fallo.
McDonald asegura que su defendido “no ha sido accionista ni dignatario ni firmante en las cuentas de las sociedades PTY Adventures, Joyas del Mundo, Grupo Granate, S.A., Progress Center Enterprises, Kestel Management Inc. y Lucky Games, investigadas en este caso y con las que se pretende relacionarlo”.
Sin embargo, según la investigación judicial –con base a un informe de la Unidad de Análisis Financiero–, Pérez Balladares utilizó sociedades de “papel” para recibir dinero a la cuenta de Shelf Holding, sociedad acusada de ser utilizada para blanquear capitales.
