José Eduardo Ayú Prado Canals, un abogado de 48 años de edad que ingresó hace 26 años al Ministerio Público (MP) como oficial mayor en una fiscalía de circuito en Colón, se convirtió ayer en la respuesta del Ejecutivo a la crisis que atraviesa esa institución.
A última hora de la tarde de ayer, la Presidencia informó que el Gabinete aprobó el nombramiento de Ayú Prado como Procurador de la Nación, hasta el 31 de diciembre de 2014, que es cuando termina el periodo de 10 años por el que fue designada Ana M. Gómez.
El Gabinete también habría considerado al ex fiscal Rogelio Arosemena.
Ayú Prado inició su jornada de ayer con una visita a la Corte, supuestamente a atender una diligencia en la Sala Penal, donde está como magistrado su amigo, el ex fiscal de Drogas José Abel Almengor. Después, regresó a su despacho en la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, donde dejó el cuestionario que debía aplicarse en la indagatoria a Enrique Pretelt, yerno del ex presidente Ernesto Pérez Balladares.
Acto seguido, se dirigió a Avenida Perú, donde está la Procuraduría, para asistir a una reunión con Giuseppe Bonissi y el fiscal de Drogas, Javier Caraballo. Ahí coincidió con la batería de periodistas que usualmente cubre la agenda del MP. Nada hacía sospechar que horas más tarde sería designado como procurador.
Bonissi reaccionó con agrado cuando supo que Ayú Prado lo reemplazaría. Le pareció una excelente decisión y pronosticó que, por tratarse de un funcionario de las filas de la entidad, no habrá periodo de transición.
“Yo podría entregarle el despacho hoy mismo, porque conoce el manejo de la institución, pero es necesario cumplir con las formalidades de la ley”, aseguró. Bonissi anunció que retornará a su puesto en la Universidad Marítima de Panamá, donde es vicerrector administrativo.
Ana Matilde Gómez, la destituida procuradora, se mostró un poco más prudente en sus apreciaciones.
“En cuanto al conocimiento de la institución, [Ayú Prado] lo tiene. Se relaciona bien con organismos de inteligencia, y creo que no es un hombre coimero. Lo que me preocupa es el manejo que él tuvo directamente con el presidente Martinelli en el caso de Pérez Balladares, casi al final de mi salida”, manifestó Gómez.
“Esa forma en que manejó esa relación no me parece propia de un fiscal. A mí no me ofrece garantías de independencia y de poder blindar la institución de esa injerencia del poder Ejecutivo”, remarcó.
Ayú Prado también está vinculado al caso del abogado Santander Tristán. Cuando era fiscal en Colón, autorizó las grabaciones a Walid Sayed, un cliente de Tristán, con unos supuestos extorsionadores. En enero de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado panameño por estas grabaciones.
La designación de un procurador titular había sido solicitada por la Alianza Ciudadana Pro Justicia, el Colegio de Abogados, la Cruzada por la Paz, el Partido Popular y el Movimiento de Abogados Gremialistas.
El principal reto de Ayú Prado será asumir la investigación contra varios funcionarios del MP vinculados a la liberación de cuatro procesados por narcotráfico.
Por este caso fue destituida la jefa de Recursos Humanos, Eva Lorentz, y la fiscal de Drogas en Herrera y Los Santos, Milagros Valdés. El expediente lo tiene el fiscal auxiliar, Ángel Calderón.
Ayú Prado no ha dicho qué piensa hacer en relación a Nedelka Díaz, la secretaria general del MP que fue implicada por la fiscal Valdés (la única detenida en este proceso). Díaz está de vacaciones hasta el 6 de enero. Tampoco quién será su reemplazo en la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada. Cuando la Asamblea lo ratifique, tomará una decisión.
La Asamblea, que está en receso, se reinstala el próximo domingo 2 de enero. “El día 4 tenemos que estar discutiendo eso”, indicó el presidente de la Asamblea, José Muñoz. Prometió “abrir” un periodo de consultas, “para que la gente vaya a opinar”.
La Alianza Ciudadana Pro Justicia pidió un mecanismo de participación ciudadana (acordado en la Comisión de Estado por la Justicia) en la ratificación del Procurador, que, si se aplica, podría tomar 20 días.
Ese mecanismo incluye un periodo de postulación (que, luego de la designación de Ayú Prado no será posible, al menos esta vez), un plazo para entrevistas y otro para conocer las opiniones de gremios y grupos de la sociedad civil organizada.
