José Ayú Prado, fiscal especial contra la Delincuencia Organizada, dijo que ha actuado “en estricto derecho” en la investigación por blanqueo de capitales que involucra a Ernesto Pérez Balladares y otras 13 personas. Prueba de ello, dijo, son las decisiones del Juzgado Noveno Penal, que ha rechazado la mayoría de los recursos presentados por los abogados de Pérez B.
Durante la fase de investigación, la defensa ha presentado 18 incidentes de controversia y nulidad contra las actuaciones de la fiscalía. Solo uno fue acogido por el tribunal, que ordenó tomar declaración a la directora de la Unidad de Análisis Financiero, Emma Reyes; al asesor de la Junta de Control de Juegos, Jorge Vernaza, y al abogado Mario De Diego. La decisión fue apelada por la fiscalía y está en el Segundo Tribunal de Justicia.
La defensa también presentó una solicitud de fianza de excarcelación, que fue negada por el Juzgado Noveno y luego fijada en 5 millones de dólares por el Segundo Tribunal de Justicia, tras una apelación.
A la vez, sus abogados presentaron tres hábeas corpus: dos fueron rechazados y se desistió del tercero.
En la Corte ha ocurrido algo similar: se rechazó un amparo de garantías y tampoco aceptó una petición para acumular el expediente con otro que dependía del Juzgado Décimo Quinto.
El martes, la defensa pidió que Ayú Prado fuera separado del caso.
