La permanencia del empresario Nicolás Corcione Pérez–Balladares en la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) estaría en juego, en caso de resultar culpable en las pesquisas que adelanta la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, que le formuló cargos por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.
La ley orgánica de la ACP [Ley No. 19 del 11 de junio de 1997] en su artículo 20 establece que “Los miembros de la junta directiva serán suspendidos y, en su caso, removidos de sus cargos por la comisión de delito doloso o contra la administración pública. La suspensión o remoción de los directores será aplicada sin perjuicio de cualquier sanción penal que proceda”.
Además, el directivo de la ACP estaría violando el acuerdo 11 del 6 de mayo de 1999, que le dio vida al Reglamento de Ética y Conducta de la ACP.
En su artículo 2, esa disposición estipula: "Los miembros de la Junta Directiva y los empleados de la Autoridad deben respetar la Constitución, las leyes de la República de Panamá y los principios éticos y normas de conducta contenidos en este reglamento, por encima del beneficio privado; lo mismo que evitar cualquier conducta que pueda afectar desfavorablemente a los intereses de la autoridad”.
Corcione Pérez–Balladares llegó a la directiva de la ACP en marzo de 2010, nombrado por el entonces presidente Ricardo Martinelli. Fue ratificado por la Asamblea Nacional, que en ese entonces estaba presidida por el panameñista José Luis Varela.
Eloy Alfaro, exintegrante de la directiva de la ACP, opina que “es angustioso que un miembro de esta agrupación colegiada esté sujeto a este tipo de situación”.
“Si el director se enfrenta a esta situación tan delicada, no debe descartar la posibilidad de presentar su renuncia a la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá”, recalcó.
“Sería una alternativa que debería considerar”, reiteró. También se le consultó sobre el particular a Roberto Roy, presidente de la directiva de la ACP, pero evitó opinar.
Manifestó que trasladaría la inquietud a los miembros de la junta directiva de la vía interoceánica, pero no precisó cuándo se reunirían.
EL CASO
Durante una ampliación de indagatoria, Jorge Espino, directivo de la firma Conceptos y Espacios, S.A., junto con Julián París, aportó a la Fiscalía Superior contra la Delincuencia Organizada copia de un cheque por $200 mil que giró a Corcione, como parte de un supuesto pago, luego de que su compañía obtuviera el primer desembolso de un contrato [por $8.9 millones] para la construcción del Tribunal Marítimo.
En esa época, el presidente de la Corte Suprema de Justicia era Alejandro Moncada Luna, hoy preso en la cárcel El Renacer por enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos.
Esta investigación se inició a raíz del caso que adelantó la Asamblea Nacional para juzgar al exmagistrado de la Corte.
Culminado este proceso, el Legislativo envió el expediente al Ministerio Público para que investigara la participación de particulares en las cuentas bancarias ligadas al exmagistrado.
Espino también reveló que recibió una llamada de Corcione Pérez–Balladares, quien presuntamente le solicitó un “pago” si querían obtener el contrato.
De acuerdo con sus declaraciones, al recibir el primer pago del 20% del contrato hicieron dos depósitos: uno por $400 mil a la cuenta de Corporación Cubemu, S.A., ligada a los empresarios Ricardo Ricky Calvo y Felipe Pipo Virzi, y desde la cual se giró dinero al entonces magistrado Moncada Luna.
Además, $200 mil a una cuenta de una sociedad ligada al entorno de Corcione Pérez–Balladares.
La fiscalía dispuso indagar a Corcione Pérez–Balladares el próximo 29 de julio, de acuerdo con fuentes del Ministerio Público.
EMPRESA RESPONDE
En un comunicado, el Grupo Corcione defendió al empresario, que, según informaron, se encuentra fuera del país “en un viaje familiar programado y no está en modo alguno evadido ni perseguido por la justicia”.
“Está informándose de los pormenores del caso y evalúa sus opciones como corresponde con sus abogados”, agrega.
Además, expresa que el nexo que hubo entre Nicolás Corcione Pérez–Balladares, Jorge Espino y Julián París “es una relación comercial proveniente de compraventa de apartamentos”.
También, que la operación entre la sociedad Raesro, S.A. y Jr. Bocas Investment Inc., se dio hace 10 años y fue una transacción legítima y culminada.Estas son las sociedades que, según las declaraciones de María Gabriela Reyna, de la firma Reyna y Asociados, S.A. -otra de las implicadas en el caso- le recomendó Ricardo Ricky Calvo para que hiciera el pago a Conceptos y Espacios, S.A., dentro de una operación que adelantaba con Jr. Bocas Investment, la cual realizaba una transacción de compra y venta con Raesro, S.A., representada por Corcione Pérez–Balladares.
La empresa informó que “es completamente falso” que Corcione le diera instrucciones a Espino para dirigirse a Reyna que tenía “todo arreglado”, tal como lo publicó La Prensa. Sin embargo, esa información fue obtenida de fuentes judiciales vinculadas al caso.
La compañía asegura que “en ningún momento La Prensa llamó a Nicolás Corcione ni a ningún representante del Grupo Corcione (...) a pedir nuestra versión”.
Sin embargo, este medio llamó el pasado jueves a su abogado, Roberto Moreno, quien dio detalles sobre el día de la indagatoria y de paso manifestó que los cargos que se le imputan a su cliente “son falsos”.
