La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Gobierno panameño que evite los “desalojos colectivos forzados” en contra de los nasos.
El pronunciamiento de la CIDH forma parte de una serie de medidas que el organismo internacional emitió el pasado lunes a favor de los indígenas panameños.
“Brindar atención de emergencia de salud y habitacional a los miembros de las comunidades que fueron víctima del desalojo y de la destrucción de viviendas y cultivos” es una de las exigencias de la CIDH. Además, pidió que el Gobierno tome las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de los líderes nasos: Eliseo Vargas, Tony Vargas, Oscar Vargas, Lupita Vargas, Marcial y Lucho Gamarra.
El pasado 20 de noviembre, alrededor de 150 agentes de la Policía Nacional –entre ellos decenas de antimotines– desalojaron con bombas de gases lacrimógenos a los nasos de las comunidades de San San y San San Druy, en Bocas del Toro. Incluso, unos tres días después del desalojo, Eliseo Vargas fue arrestado por la Policía, que alegó que era un “procedimiento de rutina”.
La acción obedeció a que las tierras son reclamadas por la empresa Ganadera Bocas, que tiene un título de propiedad sobre ellas, mientras que los nasos las reclaman porque se consideran sus “dueños ancestrales”.
Las medidas de la CIDH surgen el mismo día en que el Gobierno y los nasos acordaron iniciar una negociación para la creación de la comarca. Para el próximo 11 de diciembre tienen previsto realizar una reunión.
El Ministerio de Gobierno y Justicia se abstuvo de dar declaraciones sobre el pronunciamiento de la CIDH, ya que el Gobierno no ha sido notificado aún.
