En una audiencia ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, Estados Unidos, la sala quedó en completo silencio cuando el panameño Arsenio Rodríguez dio testimonio sobre los disturbios de julio en Changuinola, Bocas del Toro.
“Quisiera ver la cara de ustedes, pero no puedo”. Así empezó Rodríguez su relato de cómo quedó ciego a causa de la “represión por parte del Gobierno”.
Rodríguez dijo que en esas manifestaciones, que caracterizó de pacíficas, las autoridades “usaron helicópteros contra nosotros, como si fuera una guerra. El Gobierno nos trató así porque eramos indígenas”.
Junto a Rodríguez estuvo Isidro Acosta, de la Unión de Abogados Indígenas de Panamá. Acosta afirmó que los disturbios de Bocas del Toro dejaron 716 heridos y 4 muertos, incluyendo dos personas totalmente ciegas y 38 que requirieron cirugía.
Sobre los derechos humanos en general, Acosta señaló que el acceso a la justicia para ciudadanos panameños sigue siendo difícil, que hay una tendencia hacia la criminalización de las libertades de expresión y protesta, y que no se cumple con el deber de consultar con las comunidades indígenas sobre temas que las afectan.
Acosta pidió reparación para los afectados, la abolición del uso de armas letales como respuesta a manifestaciones públicas, sanciones para los responsables de violaciones de los derechos humanos, respeto oficial por la autonomía de los pueblos indígenas, y que la CIDH haga un viaje de inspección a Panamá.
El Estado panameño estuvo representado por Álvaro Alemán (vicecanciller), Guillermo Cochez (embajador ante la Organización de Estados Americanos) y Vladimiro Franco y Mariela Vega, de la Cancillería.
Según Alemán, las protestas de Changuinola dejaron dos muertos y “más de un centenar de heridos, incluyendo 74 afectados de la vista”, mientras que del lado oficial se produjeron 56 policías heridos de golpes y traumas en la cabeza, uno herido de arma de fuego y cuatro “retenidos”.
Sin referirse mayormente a lo sucedido en Bocas del Toro, Alemán enumeró una larga lista de acciones gubernamentales –incluyendo el Pele Police– que, aseguró, reafirman el compromiso de este gobierno con los derechos humanos.
Los comisionados respondieron con preguntas hostiles a la posición del Gobierno. ¿Es cierto que hay hostigamiento contra Magaly Castillo como represalia por sus denuncias?, ¿se ha ofrecido atención médica y compensación a los heridos?, ¿de verdad se está aplicando la ley que castiga con dos años inconmutables de cárcel a quienes obstruyan una vía publica?
El comisionado que presidía la audiencia comentó que las manifestaciones de Bocas del Toro han dejado “un saldo impresionante”. Preguntó si se ha responsabilizado a algún agente estatal y si en Panamá no hay un protocolo para el uso de gases lacrimógenos.
El presidente de la audiencia también comentó que si la ley que castiga con cárcel la obstrucción de calles existiera en otros países, “no habría lugar en las cárceles”, ya que este tipo de protesta ocurre en todas partes.
Por los peticionarios, Rodríguez declaró que la atención médica “no ha sido como se debe”.
Acosta comentó que el presidente, Ricardo Martinelli, dijo que no acepta el resultado de las investigaciones sobre Changuinola [que responsabiliza al Gobierno de lo sucedido], y que faltó “proporcionalidad” en la represión de la manifestación.
El vicecanciller no respondió a las preguntas puntuales de los comisionados, más que para defender el derecho estatal de castigar con cárcel el cierre ilegal de calles. “Eso no coarta el derecho ciudadano a manifestarse pacíficamente”, sostuvo.
Mariela Vega, de la Cancillería, habló de las indemnizaciones ofrecidas y las recomendaciones del informe de la comisión independiente creada por el Ejecutivo.
Sin aceptar que el Gobierno actuó incorrectamente, tanto Vega como Alemán aseguraron que el presidente Martinelli acatará las recomendaciones del informe de la citada comisión, aunque opine que el informe falló al omitir que hubo “agitación” por parte de un partido de oposición.
