Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) viola la Ley 53 de 2015, que dictó la Carrera Judicial, al nombrar “a dedo” a funcionarios que trabajarán en el sistema penal acusatorio, que empezará a regir el 2 de septiembre próximo en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Darién, y en las comarcas indígenas.
Miembros de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Consejo Judicial, Comisión de Estado por la Justicia y Colegio Nacional de Abogados coincidieron al denunciar que el pleno de la Corte no está aplicando la ley de Carrera Judicial, según la cual los nombramientos para el nuevo modelo penal se deben efectuar mediante concursos.
“Se ha violentado la ley, que fijaba unos plazos para realizar estos concursos y que ya están vencidos. Los primeros concursos debieron realizarse en abril pasado”, indicó Carlos Lee, presidente del Consejo Judicial.
Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, advirtió que tampoco se ha implementado el Tribunal de Integridad y Transparencia, encargado de investigar las faltas a la ética de los funcionarios del sistema.
Frente a estas críticas, este diario consultó el presidente de la CSJ, José Ayú Prado, pero no respondió.
'CARRERA JUDICIAL, EN EL LIMBO'
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la CSJ viola la Ley 53 de 2015, que dictó la Carrera Judicial, al seleccionar y nombrar de “a dedo” a funcionarios que trabajarán en el sistema penal acusatorio, que empezará a regir el 2 de septiembre próximo en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Darién, y en las comarcas indígenas.
Miembros de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Consejo Judicial, Comisión de Estado por la Justicia y Colegio Nacional de Abogados coincidieron al denunciar que el pleno de la Corte no está aplicando la ley de Carrera Judicial, según la cual los nombramientos para el nuevo modelo penal se deben efectuar mediante concursos.
Exigieron al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el magistrado Ayú Prado, que explique el mecanismo de selección que se utiliza para el nombramiento de los nuevos funcionarios judiciales que laborarán en el sistema penal acusatorio, que entrará en vigor en el primer distrito judicial (Panamá, Panamá Oeste, Darién, Colón y las comarcas indígenas) a partir del próximo 2 de septiembre.
Estos grupos denunciaron que los jueces y magistrados que trabajarán con el nuevo modelo penal son seleccionados sin que se tome en consideración la Ley 53 de 2015, que estableció la Carrera Judicial y creó un sistema de concurso para estos nombramientos.
El 11 de este mes, el pleno de la CSJ efectuó una sesión extraordinaria y seleccionó al personal que ocupará los 60 cargos en el sistema penal acusatorio en el Distrito de San Miguelito, provincia de Panamá.
En esa reunión, los magistrados eligieron 12 jueces de garantías, 9 jueces de juicio oral, 4 jueces de cumplimiento, 23 defensores públicos de la defensa pública, 11 defensores públicos de la defensa de las víctimas, y 1 director para la Oficina Judicial. Luego, este personal fue sometido a una evaluación de desempeño en las dependencias donde trabajan.
El único magistrado que insistió ante sus colegas sobre la necesidad de aplicar el sistema de concursos fijado en la Ley de Carrera Judicial fue Harry Díaz, quien junto a asociaciones de magistrados y jueces y sectores de la sociedad civil impulsó la aprobación de esta norma en la Asamblea Nacional el año pasado.
PIDEN EXPLICACIÓN
Magaly Castillo, directora Ejecutiva de la Alianza Ciudadana pro Justicia, manifestó que, aunque algunos magistrados han argumentado que no se ha podido implementar la Ley de Carrera Judicial por falta de presupuesto, el hecho cierto es que el Órgano Judicial tampoco ha puesto su parte.
“No solamente hay problemas para la implementación del sistema penal acusatorio. La carrera judicial en estos momentos está en el limbo, no hay un sistema de selección de jueces y magistrados”, advirtió.
Afirmó que en los últimos días se han escogido a 930 funcionarios para el nuevo modelo penal, sin que se les apliquen las reglas establecidas en la Ley de Carrera Judicial, que están vigentes, pero que no se están aplicando.
Resaltó que tampoco está funcionando el Tribunal Especial de Integridad y Transparencia –creado como parte de la carrera judicial–, por lo que ahora mismo no está en función un sistema ético y disciplinario a lo interno del sistema de justicia; es decir, que si algún ciudadano quiere denunciar a un juez no hay manera de investigarlo ni de enjuiciarlo, porque las normas fueron derogadas y las nuevas reglas que existen no se pueden aplicar, ya que no están las instancias que creó la nueva ley.
El Tribunal Especial de Integridad y Transparencia debe encargarse de la investigación, juzgamiento, defensa y aplicación de las sanciones que corresponda a las faltas cometidas por los servidores judiciales de carrera permanentes, temporales u ocasionales, nombrados dentro del Órgano Judicial, como principales, suplentes, interinos, itinerantes o encargados de los puestos que ocupan, de conformidad con lo establecido en la ley. “Es una cosa espantosa lo que está pasando en el sistema de justicia en este momento”, opinó la activista.
Castillo informó que la Comisión de Estado por la Justicia se reunirá el próximo miércoles, convocó a la Comisión de Implementación de la Ley de Carrera Judicial y citará a los magistrados de la Corte, para que expliquen por qué no se está implementado la ley de carrera judicial.
En tanto, Carlos Lee, presidente del Consejo Judicial, informó que mañana lunes enviarán una carta al presidente de la Corte, para expresarle la preocupación de esa organización por la forma como se están haciendo los nombramientos de los nuevos funcionarios judiciales.
“Le hemos pedido la explicación y estamos solicitándole que nos defina cuáles han sido los criterios y los métodos para hacer esas designaciones, porque sabemos que se ha hecho al margen de la ley, ya que dentro de la carrera judicial no se han implementado los mecanismos de concurso, porque no han nombrado al personal que tienen que hacer estos concursos. Se ha violentado la ley, que fijaba unos plazos para realizar estos concursos y que ya están vencidos. Los primeros concursos debieron realizarse en abril pasado”, acotó.
Por su parte, la diputada independiente Ana Matilde Gómez, representante de la Asamblea Nacional en la Comisión de Estado por la Justicia, instó al presidente del Legislativo a agilizar el proceso de escogencia de las Comisiones de Presupuesto y de Gobierno, de las cuales debe surgir un representante de la Asamblea en la Comisión de Implementación de la Ley de Carrera Judicial.
“El poder judicial necesita que pronto se le fiscalice lo que está haciendo con la implementación de la carrera judicial. Se acaban de hacer cerca de 900 nombramientos a dedo y que no están cumpliendo lo establecido en la ley de carrera, y tampoco hay la posibilidad de aplicar medidas disciplinarias, porque el Tribunal de Integridad tampoco está conformado. Ese es un tema en el que hay que insistir y en el que la Asamblea tiene mucho que decir”, señaló.
En tal sentido, el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), José Alberto Álvarez, coincidió en que, aunque la excusa es que no hay presupuesto, muchas de las disposiciones establecidas en la ley de carrera judicial no requieren fondos para su aplicación.
“Los nombramientos recientes se han hecho en desatención de la Ley 53, no sé si para evitar la participación de la sociedad civil en la fase final de selección, que conlleva una entrevista al aspirante”, agregó.
Informó que el CNA también pedirá a la Corte que explique por qué no se han hecho esos nombramientos de la forma correcta.
AYÚ PRADO TOMA CONTROL
Fuentes a lo interno del Órgano Judicial aseguraron que desde el inicio del proceso de escogencia del personal, existió la intención del presidente de la Corte de ignorar los concursos a los que obliga la Ley 53 de 2015.
De hecho, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó en 2015 una partida de $10 millones para implementar la ley de Carrera Judicial; sin embargo, estos recursos fueron traspasados para ser utilizados en el sistema penal acusatorio, con el aval de Ayú Prado.
Además de los 305 cargos nombrados por el pleno de la Corte, entre jueces de garantías, de juicio oral, cumplimiento y comarcales; defensores del imputado y de la víctima; la Sala Cuarta de Negocios Generales de esa institución ya seleccionó y prevé designar en breve otras 626 posiciones administrativas y de apoyo en las oficinas judiciales.
La Sala Cuarta está conformada por los magistrados José Ayú Prado, Luis Ramón Fábrega y Hernán De León.
Ayú Prado tiene mayoría en el pleno y controla también la Sala Cuarta. “Quién creen ustedes que será el décimo magistrado vitalicio cuando salga de la Corte”, se preguntaron las fuentes consultadas.
Los 305 funcionarios nombrados por el pleno, con salarios de entre $4 mil y $6 mil, conforman una planilla de $15 millones anuales. Los restantes 626 servidores devengarán salarios que anualmente representarán erogaciones por otros $6.5 millones. En total, la puesta en marcha del nuevo modelo penal en el Primer Distrito Judicial costará $21.5 millones anuales, solo en planilla.
Este diario pidió la opinión a Ayú Prado, a través de un correo electrónico, pero no respondió.
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 53, EN MORA
Varios de los artículos de la Ley 53 de 2015 establecen el mecanismo de ingreso a la carrera judicial. Por ejemplo, fija el procedimiento de ascenso para los servidores del sistema que aspiran a los puestos superiores y el esquema de concursos abiertos, en el que la Secretaría Técnica de Recursos Humanos debe efectuar una convocatoria anual para precisar los datos de los puestos.
La ley indica que los primeros concursos generales de la carrera judicial debieron haber sido convocados en abril de 2016, ocho meses después de la promulgación de la norma, que se hizo efectiva el 27 de agosto de 2015.
De igual manera, la ley señala en su artículo 308 que los nombramientos de los integrantes de los consejos de Administración de las distintas carreras, así como el Tribunal, la Unidad de Investigación y la Defensoría de Integridad y Transparencia deberán realizarse dentro de los seis meses siguientes a la promulgación de la norma.
Estos plazos ya fueron superados y no se han efectuado los nombramientos.
Tampoco se ha constituido el Tribunal Especial de Integridad y Transparencia, que debe estar integrado por tres magistrados seleccionados por concurso abierto, tal como está dispuesto en el artículo 95, procurando que en el procedimiento de evaluación de aspirantes se garantice la participación de la sociedad civil organizada, entre cuyos objetivos figura el fortalecimiento de la administración de justicia.
La falta de recursos, el principal problema
El sistema penal acusatorio fue creado mediante Ley 63 del 28 de agosto de 2008. Esta norma surgió de un acuerdo previos suscrito en el seno del
Pacto de Estado por la Justicia de 2005.
El modelo acusatorio es un sistema que busca, a través de un proceso legal, responder en corto tiempo las denuncias de delitos.
El fiscal, la defensa y la víctima tienen iguales oportunidades para ser oídos, y las decisiones están a cargo de un juez.
El gobierno pasado mostró poco interés en implementarlo y bajo el argumento de falta de recursos pospuso su entrada en vigencia.
En agosto de 2009, mediante la Ley 48, poco antes de la entrada en vigencia del nuevo sistema, la Asamblea decidió posponerla por dos años, iniciando su aplicación el 2 de septiembre de 2011 en Coclé y Veraguas.
Luego, en 2012, se inició en Herrera y Los Santos; en 2014 en Chiriquí y Bocas del Toro; y finalmente en 2016 se aplicará en Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién y las comarcas indígenas.
La falta de recursos es aún el principal tropiezo. El Ministerio Público reclama $5 millones para implementar el nuevo sistema en el Primer Distrito Judicial. El Órgano Judicial, a su vez, solicita que se le cumpla con la asignación de una partida de $20 millones que está pendiente.
