Las acciones del Gobierno Nacional no solo implican la cancelación de las concesiones directas y el cierre de salas de juegos, sino modificaciones al Decreto Ley No. 2 del 2 de febrero de 1998, que regula la explotación de los juegos de suerte y azar.
El proyecto, que será presentado hoy a la Asamblea Nacional, propone aumentar al doble el monto de lo que el Tesoro Nacional debe percibir sobre los ingresos brutos generados en cada una de las salas de juego del país. Es decir, que las salas de máquinas tragamonedas pagarían en vez de 10%, un 25%, y los casinos completos –que comprenden máquinas, salas de apuesta y demás juegos de azar– pagarían en vez de 10%, un 18%.
La propuesta también incluye el pago automático de medio millón de dólares al Estado por operar una sala de máquinas y un millón de dólares si se va a abrir un casino completo.
La secretaria de la Junta de Control de Juegos (JCJ), Giselle Brea, explicó que la empresa Gaming & Service Panamá S.A. (Cirsa), que operaba 19 salas de máquinas tragamonedas tipo A, ahora solo podrá operar 12. Dicha empresa tendrá que pagar seis millones de dólares al momento de la firma de la nueva adenda de operación. Posteriormente, tendrá que pagar 12 millones de dólares, a razón de un millón de dólares por cada sala.
“Pagará cuatro millones de dólares cada año hasta cancelar la deuda”, dijo Brea, quien aclaró que la decisión de no revocar todas las salas de juego de Cirsa, –a pesar del escándalo que la envuelve– responde al hecho de que la entidad debe preservar los empleos existentes y reconocer los derechos obtenidos por la empresa en la licitación que participó el 3 de diciembre de 1997.
Las dos licencias que tenía Cirsa para abrir salas de juego –que aún no están operando– en la Terminal de Transporte de Albrook y en Penonomé también fueron canceladas. Esto se debió, según la funcionaria, a que dichas salas están ubicadas en lugares donde converge gente humilde. Añadió que la entidad a su cargo tiene la facultad de controlar esta actividad en áreas donde se desmejorarían las condiciones de vida de la población. Por estas mismas condiciones se cancelaron dos operaciones de salas a Competiciones Deportivas S.A.
