Solo el 31 %, es decir, 2 mil 250 de los 7 mil 99 candidatos que se postularon a un cargo de elección en los comicios de 2014 , entregó al Tribunal Electoral (TE) su declaración de donantes, tal como lo establece el Código Electoral.
Mientras que el 69% continúa moroso y deberá pagar una multa de entre 50 dólares y 500 dólares.
El presidente del TE, el magistrado Erasmo Pinilla, manifestó que la entidad que dirige es la primera en mostrar su preocupación “por esta dura realidad”, ya que es un “olímpico desprecio de la mayoría de los candidatos, con sus obligaciones legales”.
Planteó que dicha conducta se debe a la falta de “cultura de transparencia”.
“Los candidatos prefieren pagar la ridícula multa, que hacer la declaración... ojalá la ciudadanía le niegue el voto a todos los transgresores”, indicó.
Si el país dependiera de la rendición de cuentas de los candidatos que se postulan en las elecciones generales cada cinco años, de seguro habría más pérdidas que ganancias. Por ejemplo, la mayoría prefiere violar el Código Electoral y someterse al pago de una multa que reportar los aportes recibidos de donantes privados en su campaña.
A la fecha, de los 7 mil 99 candidatos que participaron en los comicios generales de 2014, solo 2 mil 250 han entregado su detalle de ingresos y egresos, de acuerdo con un informe del Tribunal Electoral (TE).
El resto, 4 mil 849 candidatos, es decir, el 69%, mantienen en el anonimato a sus patrocinadores, según indica el mismo reporte que da cuenta que el artículo 209 de la norma electoral es violado de forma flagrante por los políticos.
Esto, pese a que luego de cerrado el proceso electoral [enero de 2015], los magistrados del TE extendieron la fecha de entrega de los documentos hasta agosto de 2015.
¿Quiénes son? Los edictos que publica la Secretaría General del TE dejan en evidencia una lista conformada en su mayoría por candidatos que corrieron para representantes de corregimiento, alcaldes y diputados, que no ganaron la contienda.
Pero, en la lista, además, aparecen figuras públicas de alto perfil. Los nombres también reposan en los archivos de la Fiscalía Electoral, a la que el TE le mandó la documentación para que opine de los casos.
LOS MOROSOS
Uno de los que figura en la lista es el actual ministro de Desarrollo Social, Alcibíades Vásquez, quien buscaba reelegirse como diputado panameñista en el circuito 8-10.
También se encuentra el nombre de Genaro López, excandidato a diputado del circuito 8-6 por el Frente Amplio por la Democracia [en formación].
Además, está Heriberto Yunito Vega, quien se postuló para diputado de Cambio Democrático (CD) en el circuito 6-2, (Los Pozos, Parita y Pesé), pero no logró la curul.
Incluso, a Vega, la fiscal electoral del Segundo Distrito Judicial le sigue una investigación por la supuesta comisión del delito contra la libertad y pureza del sufragio.
También figuran, el actual alcalde de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, Tomás Velásquez y el alcalde del distrito de San Miguelito, Gerald Cumberbatch.
De igual forma, el vigente representante panameñista Elías Vigil, del corregimiento de San Martín (Pacora), el representante perredista del corregimiento de Calidonia, Ramón Ashby; el representante de CD en el corregimiento de El Coco, La Chorrera, Carlos Sánchez; y la representante perredista del corregimiento Cerro Silvestre, Arraiján, Dayanara Cáceres.
Otros que no han presentado su informe y que no lograron ser electos en 2014 son: el exdiputado de Cambio Democrático, Abraham Martínez; la exministra de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y excandidata a diputada por CD en el circuito 8-7 Giselle Burillo.
Asimismo, el panameñista Juan Bravo, conocido como el “Chiquitín de mama”, excandidato a diputado en el circuito 8-6, y quien hoy funge como subdirector del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, entre otros.
La norma electoral señala en su artículo 209 que: “Los partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular están obligados a registrar las contribuciones privadas que reciban para su funcionamiento y campañas. La información correspondiente al origen de las contribuciones privadas que recauden o registren los partidos políticos o candidatos será manejada de manera confidencial por el Tribunal Electoral (...)”.
Mientras que el artículo 420 castiga el incumplimiento de este aspecto con multas tope de mil dólares para los partidos y de 50 dólares a 500 dólares para los candidatos.
La investigación de estos casos prescriben en el mes de julio, según manifestó Juan Alvarado, secretario judicial de la Fiscalía Electoral.
Alvarado explicó que la gran mayoría de los candidatos que no presentaron su informe “no están siendo sancionados, toda vez que explicaron que no recibieron ninguna donación para su campaña”.
‘ES UNA BURLA’
En ese sentido, dirigentes de la sociedad civil organizada consideran que este hecho “es una burla” de parte de los políticos a la ley electoral.
A juicio de Carlos Gasnell, de Transparencia Internacional, los candidatos saben que es muy fácil burlar la norma.
“Si un candidato recibió donaciones, por ejemplo por veinte mil dólares, de ese mismo dinero saca el monto de la multa”, agregó.
En la actualidad, el proyecto de reformas electorales, que se encuentra en la Asamblea Nacional, propone que los candidatos están obligados a presentar mensualmente al TE, mediante declaración jurada, un informe de los gastos incurridos con el financiamiento privado, incluso si no han recibido fondos.
icha información será de acceso público a través de la página web del TE.
