En una carta abierta, nueve capítulos de Transparencia Internacional de América Latina se sumaron al clamor de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de TI, para solicitar al presidente Juan Carlos Varela el veto parcial del proyecto de ley 514, sobre imprescriptibilidad de los delitos de corrupción e inhabilitación de empresas.
Se refieren a los artículos 3 y 4 de la mencionada iniciativa legislativa, que inhabilitan permanentemente para contratar con el Estado a aquellas empresas que hayan aceptado acogerse a los acuerdos de colaboración eficaz en casos de corrupción. También exoneran de sanciones a las personas jurídicas que sirven de intermediarias en la comisión de estos delitos, siempre que estas personas no reciban beneficios directos de los actos de corrupción.
"La colaboración eficaz [o delación premiada] en las investigaciones del caso Lava Jato ha permitido romper una tradición de impunidad en la región y, gracias a ella, se han logrado emblemáticas detenciones y condenas, ha sido posible la recuperación de miles de millones de dólares y el acopio de pruebas vitales, que en otras circunstancias hubiera sido imposible conseguir. A ello se suma la indispensable cooperación internacional entre los sistemas de justicia de nuestros países, la que, a pesar de sus tropiezos, está permitiendo compartir evidencia y realizar un esfuerzo conjunto para que se haga justicia en un caso tan complejo", señala la carta dirigida a Varela.
Advierten que "diversas personas jurídicas panameñas, incluyendo algunas del sistema bancario, fueron usadas en roles activos y pasivos dentro de la estructura de corrupción del caso y para llegar a la verdad, su investigación es indispensable, aunque no se beneficiaran directamente”.
Carta abierta al presidente Juan Carlos Varela firmada por los Capítulos Nacionales de @anticorruption de Latinoamérica y el Caribe. pic.twitter.com/q09hAoyLUh
Aseguran también que “de sancionarse este proyecto de ley, Panamá, que ya viene sufriendo las consecuencias de una justicia con serias disfunciones y limitaciones, aumentará franca desventaja para luchar contra la gran corrupción”.
Además, temen que la norma disminuya la capacidad del país de asistir y ser asistida multilateralmente por los países de la región en la investigación y descubrimiento de los esquemas de gran corrupción, entre otros aspectos.
