Quienes llamen para anunciar una falsa emergencia al cuerpo de bomberos tendrán que pagarlo con prisión de tres a seis meses. Así lo establece uno de los artículos del anteproyecto que crea la nueva ley orgánica para los camisas roja, con la que se pretende reemplazar la vigente Ley 48 de 1963.
Pese a que la pena ya se contemplaba en la antigua norma, nunca se aplicó. Por ello, el proyecto adiciona la conducta delictiva en el Código Penal.
También se incluyen en el castigo a las personas que sean sorprendidas deteriorando materiales y equipos del cuerpo de bomberos, así como a las que en un momento de incendio o calamidad pública impidan u obstaculicen la labor de los camisas roja.
Solo el cuartel Ricardo Arango -ubicado en Calidonia- recibe unas 5 mil llamadas falsas al mes. Su director administrativo, Cecilio Lasso, dijo recientemente que le inquieta la situación porque cada viaje implica gastos en combustible y en tiempo.
