El Ejecutivo llevó este miércoles a la Asamblea Nacional el proyecto de ley que propone cambios a la Constitución, elaborado y consensuado por el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo.
El documento -que consta de unos 40 artículos- fue presentado por el vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, debidamente facultado por el Consejo de Gabinete.
Carrizo reiteró el compromiso adquirido en campaña por el presidente Laurentino Cortizo, de reformar la Constitución por la vía de dos legislaturas y un referendo. Con Carrizo acudieron a la Asamblea casi todos los ministros y miembros del Consejo de la Concertación.
"16 días le tomó al buen gobierno cumplir con su función", indicó Carrizo ante el hemiciclo. El texto que entregó a la Asamblea fue elaborado por el Consejo de la Concertación, luego de varios meses de trabajo.
"Nuestro país salió el pasado 1 de julio de la parálisis ejecutiva. Estamos seguros de que esta Asamblea actuará con la celeridad que este proceso requiere", añadió.
"No queremos reformas cosméticas, no cederemos a presiones políticas y económicas... Los convoco a estar a la altura de las circunstancias", dijo Carrizo a los diputados.
Entre otros temas del proyecto de ley, destacan la propuesta para limitar la reelección de los diputados a un solo periodo, la creación de un tribunal constitucional y cambios al mecanismo de nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Entre las novedades introducidas en el proyecto está que ningún ciudadano podrá postularse para más de un cargo de elección popular. Ahora mismo la norma sí lo permite, solo que, en caso de ganar en más de un cargo, el candidato solo podrá tomar posesión de uno de ellos.
Actualmente, los requisitos para ser diputado, representante o alcalde incluyen no haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de cinco años o más. La modificación eliminaría la especificación de la condena.
[Lea aquí el proyecto de reformas a la Constitución].
Otra propuesta es que los diputados sean investigados por el procurador general de la Nación y juzgados en primera instancia por tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Actualmente, es la Corte la que designa un magistrado fiscal que instruya la investigación.
Los diputados tampoco podrán "ejecutar obras públicas ni partidas presupuestarias por sí mismos, ni por interpuestas personas, incluyendo organizaciones sin fines de lucro o a través de entidades públicas".
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Igualmente, no podrán ser elegidos como vicepresidentes de la República los expresidentes, mientras no hayan transcurrido los dos periodos presidenciales inmediatamente siguientes.
Una de las propuestas de reforma más trascendentales en el documento es la creación de un tribunal constitucional, el cual formará parte del Órgano Judicial. Este estará conformado por cinco magistrados y sus respectivos suplentes, los cuales serán nombrados por el Ejecutivo, escogidos de ternas propuestas por el Consejo de la Concertación. Este mecanismo también será aplicado a la escogencia de los magistrados de la Corte.
Al tribunal constitucional le competerá ser “intérprete de la Constitución Política”. Deberá conocer todas las demandas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos y demás, al igual que la inexequibilidad de los proyectos de ley objetados por el Órgano Ejecutivo. Estas competencias actualmente le corresponden a la Corte Suprema de Justicia.
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También se plantean cambios a los requisitos para ser nombrado magistrado. Se plantea elevar el mínimo de edad necesario de 35 a 45 años. Además, se busca agregar el requisito de “estudios de especialización o experiencia profesional en temas afines” para nombrados a la CSJ y al tribunal constitucional.
Por otro lado, toda denuncia o querella que se presente contra los magistrados del tribunal constitucional será investigada por el procurador y en caso de ser acusado, será procesado por una comisión especial de la Asamblea, conformada por nueve miembros. Esa comisión no ejercerá ninguna otra función y un diputado designado actuará como juez de garantías.
En tanto, toda querella o denuncia que se presente contra los magistrados de la Corte será investigada por el procurador y en caso de ser imputado, este será procesado por tres magistrados del tribunal constitucional.
El proyecto que presentó Carrizo a la Asamblea deberá ser remitido a la Comisión de Gobierno, que deberá iniciar la discusión y aprobación en primer debate. Una vez superada esta etapa, el proyecto deberá pasar al pleno legislativo para el segundo y tercer debate.
El paquete de reformas constitucionales se terminó de consensuar el pasado 10 de junio, después de varios meses de reuniones en las que participaron 23 sectores de la sociedad política y civil.
