Los ajustes fiscales presentados por el Ejecutivo ante la Asamblea Nacional han provocado reacciones adversas de sectores económicos. En el caso de la industria de los casinos y juegos de azar, aseguran que si el proyecto se aprueba como fue presentado, demandarían al Estado.
Los miembros de la Asociación de Administradores de Juegos de Azar (Asaja), aseguran que el proyecto de ajuste fiscal violenta la legalidad vigente, porque la mayoría de los contratos de casinos son el resultado de una licitación pública internacional y los mismos establecen obligaciones y derechos.
Los contratos que se estarían violentando son los de empresas como Crown Casino, Fiesta Casinos, Veneto, Royal Casinos, Casino Mallorca. Iguamente se impactaría Hípica de Panamá, que administra el Hipódromo y la sala de máquinas tragamonedas que están situadas en los predios del Hipódromo Presidente Remón.
Los miembros de Asaja explican que sus contratos de concesión tienen una duración de 20 años y que la cláusula de pagos al Estado por los derechos de operación son claros: una tasa mínima o el 10% de los ingresos brutos; la que resulte mayor.
El presidente de la Asaja, Antonio Alfaro, sostuvo que hoy día todos los agremiados pagan el 10%, lo que corresponde a casi 10 millones de dólares anuales. Se trata, aseguran, de más del mínimo estipulado en los contratos originales.
Alfaro agregó que si los cambios afectan las condiciones bajo las cuales estos contratos se firmaron, el Estado está en la obligación de resarcir los daños causados.
El empresario también aseguró que ningún casino completo se ha equiparado y que los casinos que operan exclusivamente en hoteles han cumplido al 100% con sus contratos originales.
El proyecto fiscal establece que los casinos completos pagarán un 18% de sus ingresos brutos y las salas de juegos un 25%. También se contempla aumentar los derechos de llaves.
El aumento de 10% al 25% para las salas de máquinas tragamonedas sin excepciones, aseguran, pondría en una situación difícil al hipódromo, pues además del 10% que pagan al Estado aportan 25% para los premios de las carreras de caballo.
Por su parte Dulcidio de la Guardia, viceministro de Finanzas, defendió la propuesta del Gobierno. “Lo que estamos planteando en el proyecto de reforma fiscal, es ordenar ciertos temas administrativos por el desorden que existía en la Junta de Control de Juegos, como haber otorgado concesiones sin el pago del derecho de llave y también para poder que se conozcan los nombres finales de los accionistas de las empresas”, explicó.
De la Guardia agregó que se trata de un legítimo aumento en los impuestos que pagan a la República de Panamá, tal y como lo establece la Constitución.
Sobre la posibilidad de que el Estado sea demandado por los miembros de Asaja si el proyecto es aprobado tal y como ha sido presentado en la Asamblea, el viceministro se limitó a comentar que todas las personas tienen el derecho de entablar las acciones legales que consideren convenientes.
