"A un inversor que cumple con todos los requisitos para hacer un casino en Panamá, probablemente no pueda decírsele que no", afirma Raúl Cortizo, sentado en el stand que la Junta de Control de Juegos tiene en una feria de ATLAPA, donde se han dado cita empresarios de todo el mundo para hacer negocios alrededor del juego.
Tras las revelaciones de La Prensa, que el pasado 17 de abril registró el alarmante aumento de las apuestas –el 65% en los dos últimos años– el presidente, Martín Torrijos, salió con velocidad a suspender las concesiones que estaban por otorgarse. Ello generó indignación en empresarios que querían invertir en el sector.
"Cuando se abra el hotel Venetto, la ciudad de Panamá habrá llegado a la saturación del juego", dice Pedro Galindo, editor de la revista Casinos de Latinoamérica, promotor de la feria.
Lo cierto es que no termina de definirse con claridad cuál es la política oficial en relación con esta actividad. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas veían el negocio como una oportunidad para atraer divisas y crear puestos de trabajo.
Para abrir un casino en Panamá es necesario construir también un hotel de cinco estrellas con 300 habitaciones.
Sin embargo, la repercusión social que tiene esta promoción hizo que el propio Torrijos tomara cartas en el asunto.
Un mes después, las contradicciones vuelven a hacerse evidentes. El Gobierno no termina de decidirse entre apoyar la inversión o cuidar a su población de la adicción al juego: la ludopatía.
Luego de hacerse un estudio sobre el impacto social de la industria, dice Cortizo, "podríamos invertir parte de los beneficios en la prevención de la enfermedad".
