Sectores de la sociedad civil cuestionaron ayer la demora con la que ha actuado la comisión de Credenciales, Reglamento, Ética y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional, en tramitar los 20 expedientes contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que reposan en esta instancia.
Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, consideró que la comisión de Credenciales no ha actuado con la diligencia que espera la ciudadanía frente a las denuncias que están en esta comisión.
En tanto, para Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), los diputados están faltando a su función y responsabilidad constitucional de juzgar a los magistrados. “La demora se debe a que lo han convertido en un problema político y no en un tema judicial”, señaló.
El presidente de esta instancia, Jorge Iván Arrocha, dijo que no pueden actuar de forma acelerada en virtud de un tema mediático. “Tenemos que respetar las garantías fundamentales, la ley y la Constitución”, dijo el panameñista
Annette Planells
Movin
CASOS CONTRA MAGISTRADOS, ENGAVETADOS
A falta de un mes y medio para que culmine el período ordinario de sesiones en la Asamblea Nacional, la Comisión de Credenciales, de ese órgano, no ha tramitado los 20 expedientes producto de denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Uno de estos casos tiene ya cuatro años de haber sido presentado [2012].
Otros cuatro ingresaron en 2014, siete fueron interpuestos en 2015, y los más recientes [ocho], fueron presentadas en 2016, tras la confesión del magistrado Harry Díaz sobre corrupción en la justicia y la intromisión del expresidente Ricardo Martinelli en el Órgano Judicial. Otra denuncia presentada este año ya fue archivada.
José Ayú Prado, presidente de la Corte, y Díaz, son los que acumulan más casos. Ayú Prado, ha sido acusado en 12 ocasiones, mientras que Díaz, nueve veces.
El abogado Rolando Sánchez presentó el 18 de enero pasado, una denuncia contra Ayú Prado acusándolo de supuestamente idear junto con el exadministrador de la Autoridad de Turismo, Salomón Shamah, una fórmula para judicializar las intervenciones telefónicas que se hacían desde el Consejo de Seguridad Nacional en el gobierno pasado.
El caso no prosperó. El propio Sánchez presentó el 11 de febrero pasado un desistimiento de su denuncia, y el 17 de febrero pasado la Comisión determinó no continuar con el trámite argumentando que el “desistimiento de la parte actora, indica la ausencia de fortaleza probatoria para admitir esta denuncia”. Este ha sido uno de los pocos casos tratados por la Asamblea.
Informes sin resolver
No se ha tomado ninguna decisión en otros casos, a pesar de que ya existen dos informes elaborados por la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Zulay Rodríguez en dos expedientes distintos y en los que también se señala a Ayú Prado.
El primero fue entregado por Rodríguez el 27 de enero pasado, y es producto de una denuncia del sindicalista Mariano Mena contra Ayú Prado. Alega que cuando fue Procurador de la Nación, habría destruido pruebas en una investigación en la que supuestamente se hackeo una cuenta de correo electrónico del entonces ministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu, desobedenciendo un “resuelto” de la Corte, que le impedía destruir las mismas.
En este informe Rodríguez asegura que “están acreditados los hechos denunciados”, por lo dice, se hace necesario someter a Ayú Prado, “a los rigores de un juicio penal”.
El segundo informe fue entregado el pasado 9 de marzo, y tiene relación con cinco denuncias presentadas contra Ayú Prado, por el juez Juan Domingo Ibarra y que surgen de un proceso disciplinario iniciado contra el juez por el propio presidente de la CSJ.
Rodríguez considera que Ayú Prado violentó la independencia judicial e imparcialidad, toda vez que a Ibarra, se le suspende del cargo, precisamente por esta denuncia y que el mismo magistrado, el 28 de julio de 2015, lo exime de responsabilidad penal, al firmar que no existió dolo.
Le corresponderá a los diputados Jorge Iván Arrocha, Katleen Levy, Florentino Ábrego; del partido Panameñista, Mariela Vega, José Muñoz, Rony Arauz; del partido Cambio Democrático (CD) y a Zulay Rodríguez, Alfredo Pérez y Benicio Robinson; del PRD, tramitar todos estos expedientes.
Falta de voluntad
Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana por Justicia, piensa que “estos días van a ser cruciales”. Y adelantó que impulsarán medidas de presión para que se resuelvan los casos.
“Esto se presta a la especulación de que los magistrados y los diputados tienen acuerdos a escondidas para que ningún poder toque a otro a la hora de los juzgamientos.
La única forma de acabar con esta especulación y percepción ciudadana es que haya una acción positiva de parte de los diputados en definir la situación judicial de las denuncias que reposan en esta comisión”, dijo.
En tanto, Anette Planells del Movimiento Independiente (Movin), considera que los diputados están faltando a su responsabilidad constitucional, que es la de juzgar a los magistrados, en un momento en donde la ciudadanía exige justicia y solución a la crisis judicial que existe.
“La demora se debe a que lo han convertido en un problema político y no en un tema judicial. Hay tres diputados panameñistas, tres PRD y tres de Cambio Democrático; que no se pueden poner de acuerdo, mientras tanto la ciudadanía está clamando justicia”, agregó.
Mientras que Freddy Pitty, de Juntos Decidimos, manifestó que la Comisión de Credenciales tiene el deber de admitir las denuncias que reposan en esta instancia e investigar a los magistrados.
“La ciudadanía debe quedar tranquila y saber el curso de estas denuncias a efecto comprobar si existió o no algún acto delictivo”, sostuvo.
Convocan reunión
Al ser consultado sobre el particular, el presidente de la Comisión de Credenciales, Jorge Iván Arrocha, indicó que esta instancia no puede buscar una justicia acelerada en virtud de un tema mediático. “Tenemos que respetar las garantías fundamentales, la ley y la Constitución y respetar el debido proceso a las partes”.
Informó que este miércoles se reunirán para tomar una decisión sobre el informe que presentó Rodríguez.
“Vamos a tratar siete expedientes de Ayú Prado y posteriormente sacaremos otra fecha para ver los casos contra Harry Díaz, Hernán De León, Luis Ramón Fábrega; entre otros”.
