El procurador de la Administración, Óscar Ceville, negó ayer cualquier vinculación con escuchas telefónicas a sus subalternos y dijo que presentará una denuncia penal conta su ex jefe de seguridad Jorge Ábrego, quien fue la persona que ejecutó dichas intercepciones y luego intentó negociarlas.
Ceville informó que Ábrego fue despedido de su cargo, luego de que el 19 julio de 2008 chocó un carro de la institución al conducir en estado de ebriedad cuando salía de una cantina.
Precisó que Ábrego le envió después un nota amenazante, en la que solicitaba “negociar” para no divulgar algunas grabaciones supuestamente ordenadas por él (Ceville) para escuchar llamadas telefónicas de funcionarios de la institución.
De acuerdo con Ceville, a raíz de esta situación se comunicó con el entonces presidente Martín Torrijos, quien puso el caso en manos del jefe del Consejo de Seguridad de aquella época, Eric Espinosa.
Sostuvo que en la nota amenazante, Ábrego sostenía que había varias personas interesadas en las grabaciones, entre ellas la ex procuradora de la Administración Alma Montenegro de Fletcher y el actual magistrado de la Corte Víctor Benavides.
Ceville aseguró que en ese momento no acudió al Ministerio Público (MP) a presentar una denuncia, porque el jefe del Consejo de Seguridad Eric Espinosa le aseguró que Ábrego atravesaba una mala situación económica y que era mejor dejar eso así.
El funcionario dijo desconocer el contenido de las grabaciones y qué personajes figuran en ellas.
Planteó que nunca conoció el paradero de las grabaciones ni el rumbo tomado por Escobar, hasta el reportaje que publicó ayer El Panamá América dando cuenta de las escuchas.
Dijo que hoy acudirá al MP, para que se determine si otros funcionarios o ex funcionarios están implicados en las escuchas telefónicas y exigir las responsabilidades penales.
Sin embargo, Ceville no explicó cómo Ábrego realizó las intervenciones telefónicas sin que ningún miembro de la seguridad se percatara de la actividad.
Tras la salida de Alma Montenegro de la Procuraduría de la Administración, Ceville contrató a Ábrego para que realizara un barrido electrónico en la institución y precisara si había micrófonos instalados, y luego le dio el cargo en la entidad.
Ceville consideró sospechoso que esta información aparezca en los medios de comunicación a escasos días de la audiencia a la separada procuradora Ana Matilde Gómez, precisamente por haber autorizado intercepciones telefónicas.
A la vez, dijo que en la nota publicada ayer se hace referencia al secretario general de la Procuraduría de la Administración Nelson Rojas, cuando este no laboraba en la institución en 2005, cuando se registraron los hechos.
En tanto, para Ana Matilde Gómez resultó inaudito que los funcionarios encargados de su investigación por pinchazos telefónicos ahora estén denunciados por los mismos hechos.
“Creo que esto los deja sin ningún tipo de autoridad moral para hacerme señalamientos, máximo cuando las escuchas no se hicieron para investigar un delito”, dijo.
Advirtió que desde el punto de vista legal los funcionarios de la Procuraduría de la Administración no tienen ningún asidero para realizar las escuchas, y moralmente quedan muy mal.
Dijo que el MP debe iniciar las diligencias necesarias para establecer cómo se realizaron las escuchas y abrir una investigación de oficio contra quienes resulten responsables.
Para Gómez, existen graves contradicciones en lo que dicen los funcionarios de la Procuraduría de la Administración y lo que hacen.
La ley de julio de 2004 modificó el artículo 29 de la Constitución y dejó la facultad de ordenar intervenciones telefónicas en manos de los magistrados de la Sala Penal de la Corte (Ver nota relacionada).
Gómez enfrentará una audiencia de fondo el próximo miércoles 11.
‘Solo la Sala Penal puede autorizar las escuchas’
Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia indica que solo los magistrados de la Sala Penal de esa corporación están facultados para autorizar pinchazos.
Esto es así desde el 17 de julio de 2007, fecha en la que el pleno dictó un fallo que declaró inconstitucional una resolución fechada el 17 de agosto de 2005, a través de la cual la entonces procuradora Ana Matilde Gómez dispuso, entre otras medidas, autorizar a la Fiscalía Auxiliar intervenir y grabar conversaciones telefónicas y practicar una diligencia de operación encubierta con dinero marcado, como parte del sumario que se instruía contra el fiscal de La Chorrera Arquimedez Sáez, caso por el que fue separada.
El argumento del pleno fue que Gómez no era autoridad competente para ordenar dichas escuchas.
La intervención ilegal de teléfonos es castigada con pena de cuatro años de cárcel, según el artículo 165 del Código Penal vigente.
