En el año 2005, Jorge Ábrego, un ex agente del Servicio de Protección Institucional (SPI), llegó temporalmente a la Procuraduría de la Administración para hacer un “barrido electrónico” en busca de micrófonos y cámaras ocultas, y terminó quedándose para pinchar las conversaciones telefónicas y hackear las computadoras del personal.
Ábrego, a quien Ceville llegó a nombrar jefe de seguridad, contó ayer que su ex jefe le ordenó intervenir las comunicaciones de cuatro funcionarias leales a su antecesora en el cargo, la ex procuradora Alma Montenegro de Fletcher. Todas laboraban en el Centro Istmeño de Modernización de la Administración Pública (Cimap) de la Procuraduría de la Administración, en Llanos de Curundú.
Ninguna de estas funcionarias tenía denuncia alguna o había sido señalada por la comisión de algún delito. Ceville –según Ábrego– simplemente quería enterarse si ellas “seguían dándole información a Montenegro”.
Dice no saber el contenido de la información que recopiló. “Los casetes yo se los entregaba a él [Ceville]. Me imagino que él escuchaba las conversaciones y sacaría sus conclusiones”, dijo.
Ábrego contó que todas las instrucciones de Ceville al respecto, eran verbales.
“Recuerdo que uno de los primeros informes se lo hice por escrito y él lo rompió en la trituradora. Me dijo ‘apréndete algo: las cosas que escribes no se pueden borrar’. A partir de ahí, toda la información relacionada a eso la hacíamos verbalmente”, señaló.
También negó las versiones de Ceville, de que el caso fue investigado por Eric Espinoza, jefe del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional en el gobierno de Martín Torrijos.
“Ni sé quién es [Espinoza]. Nadie del Consejo de Seguridad se me acercó para preguntarme por qué amenazaba a Ceville”, remarcó.
