Los servidores públicos “despedidos” y posteriormente reintegrados a sus cargos por orden de algún tribunal de justicia o autoridad competente, tienen derecho a recibir “la totalidad de sus salarios caídos”, sin importar si en ese período hubiesen laborado en otra institución pública recibiendo salarios del Estado.
Así opinó el procurador de la Administración, Óscar Ceville, cuando fue consultado sobre el tema por la contralora general Gioconda Torres de Bianchini.
La opinión de Ceville está consignada en una nota dirigida a de Bianchini el 23 de abril de 2010, pero recientemente divulgada por la Procuraduría de la Administración a través de su página de internet, cuando el pleno de la Corte Suprema declaró la “reviviscencia” de la Sala Quinta de Instituciones de Garantías, de la que Ceville era magistrado principal.
De ese modo, al atender la consulta hecha por de Bianchini, Ceville emitió un criterio que, a la postre, le beneficiaría.
El Procurador de la Administración no ha dicho aún si presentará algún reclamo ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, pero otra ex magistrada de la Sala Quinta, Mariblanca Staff, ha dicho que ella sí lo hará.
Los magistrados devengan 10 mil dólares mensuales –6 mil de salario y cuatro mil de gastos de representación–, lo mismo que los procuradores de la Nación y de la Administración.
Ceville –que es procurador de la Administración desde el 1 de enero de 2005– fue magistrado de la Sala Quinta por dos meses y 24 días, en 1999.
