Luego de nueve años de investigación, el Juzgado Sexto Penal cerró finalmente el caso seguido al empresario Jaime Cucalón, investigado por la falsificación de un memorando de la Presidencia de la República en el que aparecía un listado de 117 personas a las que supuestamente se les debía intervenir sus conversaciones telefónicas.
Mediante resolución del 4 de marzo pasado, la juez suplente Yamilka Pitty dictó un sobreseimiento definitivo a favor de Cucalón por el delito contra la fe pública.
La denuncia de este caso la presentó, en enero de 2003, la entonces ministra de la Presidencia, Ivonne Young, quien formó parte del gobierno de Mireya Moscoso (1999-2004).
Young pidió al Ministerio Público que investigara a los responsables de haber falseado su firma en un memorando en el que ella supuestamente le pedía al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional que se pinchara más de un centenar de teléfonos pertenecientes a políticos, empresarios, obreros, dirigentes y periodistas, entre otros.
Inicialmente, el Consejo de Seguridad también implicó en este presunto plan desestabilizador contra el Gobierno al secretario general del Frente Nacional Contra la Corrupción, Enrique Montenegro.
Sin embargo, solo Cucalón fue indagado por este caso, luego que se determinó que el listado con el membrete de la Presidencia de la República salió de una máquina de facsímil ubicada en las oficinas de Body Color, S.A. y Grupo Style, ligadas al empresario.
Finalmente no se le pudo vincular al delito.
