Grupos de la sociedad civil, organizaciones obreras y magisteriales exigieron ayer a los diputados de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional la derogación de la Ley 30 ó 9 en 1.
La exigencia la hicieron durante la primera jornada de consultas al proyecto de ley que suspende tres artículos de la Ley 30, enviado por el Ejecutivo.
Miembros del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), de la Alianza Ciudadana pro Justicia, del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), la Asociación Nacional de Profesores, la Confederación Nacional de Unidad Sindical (Conusi), de la Unidad de Lucha Integral del Pueblo (Ulip), entre otros, sustentaron su posición frente a los comisionados.
Por ejemplo, Roberto Bruneau, de la Alianza Ciudadana, sostuvo que desde un principio la ley provocó un rechazo nacional, por los efectos negativos que tendría en diferentes áreas, como el ambiente y lo laboral.
Bruneau también condenó los atropellos que sufrieron dirigentes sindicales y de organizaciones civiles. Incluso, contó su experiencia cuando fue detenido por miembros de la Policía Nacional, sin explicación. “Me detuvieron porque les exigí a los policías la sustentación de la detención de los dirigentes obreros, pero nunca me la presentaron. Por eso me llevaron al cuartel”, dijo.
Leyó también una resolución en la que diferentes grupos exigen la destitución de los ministros Alma Cortés, de Trabajo; y José Raúl Mulino, de Seguridad.
Javier Víquez, de la Ulip, también criticó la represión que sufrieron los indígenas en Bocas, así como los dirigentes sindicales. Denunció, además, que la actual Ley 30 fue firmada por el ministro Mulino, cuando la que debió firmar era la ministra de Gobierno, Roxana Méndez. Mientras continuaba el debate en la comisión –que se extendió por unas siete horas– la cúpula de Conato se reunió paralelamente con el presidente de la Asamblea Nacional, José Muñoz, para presentarle su propuesta de la derogatoria.
Según Rafael Chavarría, dirigente de Conato, también le propusieron a Muñoz eliminar la Ley 14 de 2010 (ley carcelazo) y el Decreto Ejecutivo 537 de junio pasado que adoptó la carta orgánica administrativa de la comarca Ngäbe-Buglé. Igualmente le plantearon que, de instalarse la mesa de diálogo que propuso el Ejecutivo tras la crisis de Bocas de Toro, se invite a los demás sectores del país que se ven afectados. De lo contrario, dijo, no reconsiderarán su participación.
Tras el encuentro, Muñoz aseguró que cumplirán con los acuerdos pactados: aprobar un proyecto de ley que suspende tres artículos de la Ley 30.
La Comisión de Trabajo rechazó una propuesta para fusionar el proyecto de ley presentado por el diputado opositor Leandro Ávila, que propone la derogatoria de los artículos relativos al tema ambiental, laboral y de la Policía, de la Ley 30, con el documento que presentó el Ejecutivo.
Los diputados decretaron a las 5:30 p.m. un receso hasta la 1:00 p.m. de hoy, para continuar con las consultas. Además, la comisión se declaró en sesión permanente hasta que intervengan los 22 grupos que se inscribieron para las consultas.
