El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Alberto Cigarruista puso a circular un proyecto de borrador sobre dos de las tres demandas de inconstitucionalidad interpuestas contra la Resolución No. 2 de la Asamblea, del 3 de julio de 2009, que le permitió al alcalde de Panamá, Bosco Vallarino, reasumir la ciudadanía panameña.
Fuentes de justicia informaron ayer que dos de estas demandas fueron acumuladas en el despacho de Cigarruista, y que la tercera no ha sido repartida.
La primera demanda fue presentada el 14 de mayo de 2010 por el abogado Armando Aguilar; la segunda por el constitucionalista Miguel Antonio Bernal, en representación de Mario Castillo, el 23 de julio de 2010; y la tercera por el abogado Saks Roberto Calvera Oro, el 1 de julio de 2011.
Tanto Aguilar como Bernal sostienen que la resolución de la Asamblea violó flagrantemente el artículo 46 de la Carta Política, pues restableció la ciudadanía a Vallarino desde 2000, año en que renunció a ella para adquirir la estadounidense.
La resolución le permitió a Vallarino participar y eventualmente ganar las elecciones a la comuna capitalina.
El artículo citado por los abogados plantea que “las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o interés social cuando en ella así se exprese”.
A juicio de Aguilar, al devolver la ciudadanía a Vallarino la Asamblea aplicó un efecto retroactivo de la Constitución, y con ello la violó.
Bernal dijo que también se violó el debido proceso y se le dio a una resolución administrativa carácter de ley.
Sobre la acción impulsada por Calvera no se obtuvieron detalles.
De ser declarada inconstitucional la resolución citada, el Partido Panameñista perdería la Alcaldía capitalina, que pasaría entonces a manos de CD. La Alcaldía es el bastión de los panameñistas, en cuanto a nombramientos.
Aguilar y Bernal dijeron a este diario que extraoficialmente se les ha informado que el borrador avala la posición de declarar inconstitucional el acto de la Asamblea, pero esto no ha sido confirmado.
En septiembre de 2010, el entonces procurador suplente Giuseppe Bonissi opinó que la resolución no era inconstitucional.
