En pleno, la familia Martinelli Linares participará el próximo 25 de octubre en las elecciones internas del partido Cambio Democrático (CD), en las que se elegirá a los nuevos convencionales principales y suplentes, y a los miembros de las juntas directivas de corregimientos.
Así lo revela el listado hecho público por la Comisión Nacional de Elecciones de CD, sobre los candidatos postulados al torneo interno.
En el documento, que también fue publicado por el Tribunal Electoral (TE) en su Boletín No. 3780, aparece como candidato el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), quien se encuentra fuera del país desde el pasado 28 de enero y enfrenta cuatro procesos en la Corte Suprema de Justicia.
Además, la ex primera dama Marta Linares de Martinelli y su hija Carolina Martinelli Linares figuran como aspirantes a convencional por el corregimiento de San Francisco, en el distrito de Panamá.
Mientras que Ricardo Martinelli Linares (hijo) aparece postulado en Soná, provincia de Veraguas, y Luis Enrique Martinelli Linares (hijo) en Tocumen, su área de residencia.
EMPRESARIOS Y POLÍTICOS
Al listado se suma Mario Martinelli, hermano del exmandatario, quien tiene medida cautelar de casa por cárcel dentro del proceso que adelanta la Fiscalía Primera Anticorrupción por la supuesta lesión patrimonial, por $14.2 millones, en el contrato para la compra de mochilas escolares con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN). Su esposa e hija también se postularon.
Otra figura que aspira a convencional de CD es el excandidato a diputado Porfirio Bolita Ellis, con detención preventiva desde el mes de julio a solicitud de la Fiscalía Tercera Anticorrupción, al supuestamente recibir coimas de Hidalgo & Hidalgo (H&H), empresa encargada del fallido proyecto del sistema de riego de Tonosí, en Los Santos.
Otros postulados son la exgobernadora Mayín Correa; la exadministradora de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Giselle Burillo y sus hijos; el exsecretario de Comunicación del Estado Luis Eduardo Camacho, el exasesor Rodrigo Sarasqueta. También, el exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino; Gloria Martinelli (hermana del expresidente), David Virzi Jiménez y David José Virzi Martinelli. Ayer era el último día para que las postulaciones fueran impugnadas, según señala el calendario de elecciones.
'REFUGIO'
Estos comicios convocados por CD, a juicio de dirigentes de la sociedad civil que reclamaron a Martinelli dar explicaciones a las autoridades, buscan que el exgobernante, su familia y allegados tengan un fuero.
Para Javier Ordinola, del Foro Ciudadano, la culpa de que Martinelli intente utilizar el fuero electoral para cubrirse ante una investigación se debe al Decreto No. 11 de 28 de abril de 2008, ya que los magistrados del TE ampliaron esta figura a las internas de los partidos.
Antes, explicó Ordinola, solo se otorgaba a los candidatos en las elecciones generales, por lo que instó a reformar la norma.
El numeral 6 de ese decreto establece que “las elecciones internas y primarias de los partidos políticos son mecanismos a través de los cuales se ejerce y perfecciona el sufragio popular”.
Por su parte, el exmagistrado del TE Guillermo Márquez Amado manifestó que está claro que Martinelli trata de enredar las cosas, aunque aclaró que en el proceso que se le sigue en la Corte Suprema de Justicia por las interceptaciones telefónicas el exmandatario ya no cuenta con fuero. “Espero que los magistrados [ del Tribunal Electoral] no se dejen engatusar”, expresó. Márquez Amado se sumó a las voces que piden modificar el decreto que extendió el fuero electoral.
No obstante, los tres magistrados del TE han dejado claro que sobre el caso contra Martinelli por las escuchas ilegales a más de 150 personalidades del país, este ya no cuenta con fuero electoral, ya que le fue levantado el pasado 3 de agosto.
En ese sentido, Dimas Guevara, parte de la defensa legal de Martinelli, destacó que en el resto de las investigaciones se deberá solicitar el levantamiento. La máxima corporación de justicia le sigue otros procesos a Martinelli por la compra, supuestamente irregular, de alimentos deshidratados por $44.9 millones con fondos del PAN; y por los 355 indultos que dio en el ocaso de su administración, los cuales fueron declarados inconstitucionales.
A ello se suma el proceso por su supuesta vinculación en el caso de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A., en el que fue mencionado por la cara visible de la sociedad, el empresario Cristóbal Salerno.
