En 2001 el Club Náutico creyó que había firmado un buen contrato de arrendamiento. Pero años más tarde se dio cuenta de que fue un gran error, y que ahora tiene que pelear para no perder su acceso al mar; la razón de ser de su actividad marítima.
Todo surge cuando el club aceptó firmar un acuerdo con OPC –por el alquiler de 258 metros cuadrados en su propiedad– para que la empresa pudiera dar los servicios de control de contaminación en caso de un derrame en las embarcaciones que transitan por aguas panameñas.
Luego de algunas diferencias, el Club Náutico trató de proteger su operación pidiendo los derechos de mar frente al terreno que ha ocupado desde 1960. Pero Javier Serrano, representante del Club, denunció que OPC también reclama “sin derecho” el fondo de mar frente a los terrenos del Club Náutico. El caso fue presentado ante la nueva administración de la AMP, que también lo sometió a una revisión.
Según Serrano, el gobierno pasado retrasó la primera solicitud del Club para luego declarar un traslape con la solicitud de OPC. “Vemos que hubo interés de beneficiarlos a ellos”, di-jo Serrano refiriéndose al ex administrador de la AMP Fernando Solórzano. OPC confirmó que pide esa concesión, pero dijo que dejará la decisión en manos de la AMP. También defendió la contratación de Solórzano como consultor, y dijo que mientras él estuvo en la AMP no hubo conflicto de interés.
