Una de las coimas que un alto ejecutivo de la multinacional SAP confesó haber pagado a funcionarios panameños en el pasado gobierno fue por la venta de un programa de computación a la Caja de Seguro Social (CSS).
La información se encuentra en documentos que maneja Securities and Exchange Commission (SEC), la agencia federal que supervisa los mercados bursátiles en Estados Unidos.
El jueves, la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas inglés) de Estados Unidos anunció que el vicepresidente de cuentas globales y estratégicas de SAP, Vicente Eduardo García, se declaró culpable de pagar "coimas" a funcionarios del Gobierno panameño, a fin de garantizar millonarios contratos entre 2009 y 2013.
EL ESQUEMA
En el otoño de 2010, García vendió a un socio local de SAP un programa de computación, con 82% de descuento, que después fue instalado en el Seguro Social.
Para lograr que la propia SAP aprobara tal descuento, García justificó que la rebaja era "para ser competitivos en Panamá y así establecer una relación con el Gobierno", según consta en los documentos que maneja la SEC.
Pero en realidad, indica el informe de la SEC, "estos descuentos eran necesarios para encubrir las coimas a los funcionarios".
EL CONTRATO
En febrero de 2010 García y otro empleado de SAP viajaron de Miami, Estados Unidos, a Panamá para una reunión con un alto oficial del Gobierno (no identificado) para discutir oportunidades de inversión en el sector público del país.
Posteriormente, un lobista informó que para obtener estos contratos, debían sobornar a "tres funcionarios del gobierno que tenían mucha influencia en la compra de programas de computación".
A mediados de 2010, las autoridades de Estados Unidos encontraron que García escribió correos en donde detallaba cómo se realizarían las coimas a los funcionarios, que correspondían a entre el 2% y el 10% del monto del contrato.
En abril de ese año, García envió una propuesta para vender, por 29 millones de dólares, en licencias para programas de computación a la CSS. A SAP les dijo que esta venta podía ser la primera de muchas para el Gobierno de Panamá, toda vez que podían lograr contratos por hasta 100 millones de dólares.
LA COIMA
Durante el otoño de 2010, SAP acordó vender a un socio local (no identificado en el informe) un programa de computación por 2.1 millones de dólares, que a la postre fue comprado e instalado en la Caja de Seguro Social por 14.5 millones de dólares a través de un intermediario.
El contrato fue refrendado por la Contraloría General de la República en enero de 2011.
Además de este contrato a la CSS, la SEC tiene constancia de otros tres contratos a diferentes entidades del estado panameño (no precisadas) que produjeron ganancias por 3.7 millones de dólares a SAP.
Como parte de este contrato, la SEC tiene correos de García en donde indica que le pagó 145 mil dólares a un funcionario del gobierno (sin identificar).
El soborno fue pagado "a un funcionario de alto rango, cuya tarea era mejorar las soluciones tecnológicas a varias agencias del gobierno de Panamá y que tenía mucha influencia en las decisiones de compra de programas de computación".
Dentro de este esquema, el propio ejecutivo de SAP recibió una comisión de 85 mil dólares por este contrato.
Las autoridades tienen constancia además de que García ofreció sobornos a otros dos funcionarios (también sin identificar).
La Prensa ha intentado conocer la versión de SAP y del entonces director de la CSS, Guillermo Sáez Llorens, pero no se obtuvieron respuestas inmediatas de ambas partes.
En declaraciones a Telemetro Reporta, la mañana del viernes, el exdirector de la CSS Guillermo Sáez-Llorens dijo sentirse sorprendido de esta situación.
Al mismo tiempo pidió que se revelen los nombres de las personas señaladas en este caso.
Afirmó que dicho proyecto, al igual que todos los procesos efectuados en su administración, se hizo de forma transparente, cumpliendo con los actos públicos.
“Que el FBI y el Ministro Público aclaren esto”, remarcó el exfuncionario, en el noticiero local.
Paralelamente, el director durante el gobierno de Ricardo Martinelli de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Eduardo Jaén, institución encargada de modernizar las plataformas tecnológicas del Estado, se encuentra detenido desde el viernes de la semana pasada.
La Fiscalía Primera Anticorrupción investiga al exfuncionario por supuestas irregularidades en un contrato suscrito en marzo de 2014, dos meses antes de las elecciones generales, para la compra de tecnología que, según el actual administrador de la AIG, Irvin Halman, no se entregó a las instituciones incluidas en el convenio.
Se trata de un software para encriptar mensajes en celulares que debía ser instalado en los equipos de, al menos, 100 funcionarios del Ministerio Público, Ministerio de Seguridad Pública, Policía Nacional y Ministerio de la Presidencia.
Habla la Caja de Seguro Social
El vocero de la Caja de Seguro Social (CSS) José Miguel Guerra confirmó que la entidad mantiene un contrato con la compañía SAP por un monto de $14.5 millones, que fue adjudicado en la administración pasada.
El contrato fue firmado por el exdirector de la CSS Guillermo Sáez-Llorens y refrendado por la excontralora Gioconda Torres de Bianchini.
De acuerdo con información de la CSS el programa que se implementó de SAP se llama SAFIRO (Sistema Administrativo Financiero). Este programa sirvió para administrar inversiones más recursos humanos, compras, activos fijos, entre otros.
Guerra explicó que "todos los contratos que recibieron de la pasada administración fueron auditados, para saber si estaban refrendados, si cumplieron con el propósito, si funcionaba y si habían sido pagados".
Según Guerra, la CSS no va investigar porque esta diligencia le corresponde es al Ministerio de Público.
"La CSS, ante cualquier investigación que realicen las autoridades, tiene toda la disponibilidad para que la información sea entregada y sirva para adelantar los procesos que conlleven", acotó Guerra.
