El asilo territorial otorgado ayer por el Gobierno panameño a María del Pilar Hurtado, ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS), cayó como un balde de agua fría tanto en Colombia como en Panamá.
Según el sitio web eltiempo.com, no solo la canciller colombiana, María Ángela Holguín, lamentó que Panamá no le haya informado de la decisión.
El ex candidato presidencial Gustavo Petro aseguró que “como víctima” de las chuzadas del DAS tendrá que “demandar al Estado panameño”.
En tanto, el abogado Ramiro Bejarano, ex director del DAS y uno de los “pinchados” por el organismo de inteligencia, dijo a la revista Semana que el hecho de que haya sido Panamá el país elegido es “extraño”.
“Para nadie es un secreto que el ex presidente [Álvaro] Uribe y el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, son muy amigos (...) Tampoco hay que olvidar que en ese país hay empresarios e inversionistas muy poderosos, y cercanos al ex presidente [Uribe]”, enfatizó.
Hurtado fue funcionaria del gobierno de Uribe.
Jaime Arrubla, presidente de la Corte Suprema de Colombia, dijo que espera que Panamá “recapacite”.
Arrubla remarcó que en este caso los delitos por los que es investigada Hurtado son comunes y no políticos, por lo que no cabe la figura de asilo.
En esto coincide el constitucionalista panameño Miguel Antonio Bernal, quien explicó que el asilo político otorgado por el Gobierno no tenía cabida.
“Contribuir a la estabilidad política y social de la región” fue otra razón que alegó Panamá para conceder el asilo.
Bernal advirtió que Panamá no debe convertirse en guarida de delincuentes y que Hurtado es considerada una delincuente en su país.
Otros medios colombianos reportaron que el fiscal general, Guillermo Mendoza Diago, aseguró que Hurtado podría ser pedida en extradición.
En tanto, EFE reportó que el ministro colombiano de Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, informó que otros seis ex altos funcionarios del DAS investigados por espionaje ilegal planean pedir asilo a Panamá.
Un grupo de manifestante que dijo ser víctima de las escuchas ilegales protestó frente a la embajada de Panamá en Colombia.
La Procuraduría de Colombia ratificó ayer el fallo de octubre de este año en el que se sancionó a Hurtado con destitución y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 18 años.
