Después de casi seis horas de sesión ininterrumpida, la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales votó por recomendar al pleno legislativo que ratifique a Olmedo Arrocha y Abel Zamorano como magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
A favor votaron los diputados Elías Castillo y Alfredo Pérez, del PRD; Mariela Vega y Juan Poveda, de Cambio Democrático (CD); Jorge Rosas y Miguel Salas, del Panameñista, y Mayra González, suplente de Francisco Alemán, del Molirena.
En contra se manifestaron el presidente de la comisión Sergio Gálvez, CD, y la perredista Zulay Rodríguez.
En la sesión, que se llevó a cabo este jueves 7 de marzo en el Salón Azul del Palacio Justo Arosemena, estaban presentes Arrocha y Zamorano. Ambos fueron designados en noviembre pasado por el órgano Ejecutivo, en reemplazo de Oydén Ortega y Alejandro Moncada Luna en las salas Primera de lo Civil y Tercera de lo Contencioso Administrativo, respectivamente. A Ortega se le venció su mandato desde diciembre de 2017. Zamorano ya es magistrado suplente, pero ejerce como titular desde que el principal -Alejandro Moncada Luna- fue destituido y condenado por enriquecimiento injustificado y falsificación de documentos públicos en 2015.
Zulay Rodríguez explicó que votó en contra de la designación de Arrocha por considerar que este no tiene independencia del Ejecutivo. Arrocha fue miembro del gobernante Partido Panameñista hasta el año pasado y es director (de vacaciones) de Planificación e Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Ante los cuestionamientos de uno de los participantes, reconoció que es fundador de la firma Arrocha, Blandón, Castro y Young, de la que es parte el candidato presidencial del Panameñista, José Blandón.
Antes de la votación, por la comisión desfilaron 13 personas, tanto a favor como en contra de la designación de Arrocha y Zamorano. Ambos tuvieron la oportunidad de intervenir, responder a los cuestionamientos y pedir el apoyo a los diputados.
Rodríguez, quien previamente expresó su molestia porque la comisión aprobó declararse en sesión permanente y votar por la "aprobación o improbación" de los dos designados- también cuestionó la actuación de Zamorano como magistrado fiscal en el proceso seguido al expresidente Martín Torrijos, por el supuesto pago de sobornos para la aprobación, en diciembre de 2011, del contrato ley del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (Cemis). Como magistrado fiscal, Zamorano planteó que Torrijos había renunciado como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), por lo que la Corte ya no tenía competencia para investigarlo.
[Lea aquí la nota 'No hubo renuncia tácita'].
Zamorano ponderó la importancia de la Sala Tercera, a la que ingresaron mil 541 expedientes únicamente en el año 2018. Abogó por la creación de un Tribunal Constitucional bajo el sistema penal acusatorio.
En total, 51 ciudadanos hicieron observaciones sobre las designaciones del Ejecutivo a través de correos electrónicos, y hasta 13 ciudadanos se anotaron para intervenir en la discusión. Cada participante tuvo 10 minutos para sustentar sus planteamientos ante la comisión.
La primera intervención fue la del abogado Julio César Beitía Cubillas, quien abogó por la ratificación de Arrocha y Zamorano, en particular, por la del último. También a favor de Zamorano se manifestaron Guillermo Puga, secretario general de la Confederación de Trabajadores, y el abogado Humberto Girón. Puga incluso recordó que desde diciembre de 2015, cuando el presidente Juan Carlos Varela y su Gabinete nominaron a los hoy magistrados Ángela Russo y Cecilio Cedalise, la organización que representa pidió la designación formal de Zamorano como reemplazo de Moncada Luna.
Seguidamente, David Onésimo Gantes, de la Fundación para el Bienestar Social, y Juan Guerrero se expresaron a favor de la designación de Arrocha. Guerrero también exaltó a Zamorano, al igual que el profesor universitario Alexander Valencia.
La primera objeción llegó de parte de Pedro Fernando Montañez, quien acusó a Zamorano de no atender un fallo de los hoy exmagistrados Adán Arnulfo Arjona, Winston Spadafora y Arturo Hoyos, que concede un permiso a moradores de Villa Esperanza para habilitar un terreno.
Mientras que Norma González objetó la designación de Arrocha, de quien dijo es socio del candidato presidencial del Panameñista y actual alcalde del distrito de Panamá, José Blandón. González también ligó a Arrocha a sociedades anónimas en las que alguna vez estuvo vinculado el asesino serial Will Bill. Arrocha replicó que no ha sido abogado de las personas mencionadas por González y que su labor se limitó a ser el suscriptor de las sociedades anónimas.
Feddy Pitty observó que el Ejecutivo ignoró las recomendaciones de la Comisión de Estado por la Justicia. Además, cuestionó la independencia de Arrocha, ya que ha sido abogado de la familia Varela y socio de José Blandón en una firma de abogados.
[Lea aquí la nota 'Ejecutivo ignoró recomendaciones de la Comisión; Arrocha pide 'que me den la confianza'].
Respecto a la Comisión de Estado por la Justicia, Arrocha indicó que el Ejecutivo no solicitó recomendaciones sobre los candidatos. Acto seguido, él mismo entregó a los diputados copia del informe de la Comisión de Estado. Sobre su vinculación con Arrocha, Blandón, Castro y Young, dijo que la esta fue constituida hace más de 20 años y entonces nadie sabía que Blandón sería candidato presidencial. "No soy adivino", remarcó.
También presentaron objeciones Cristóbal Silva, Venero Reina y Roberto Rudas Heraza.
Javier Alexis Quirós Murillo se refirió a un incidente en el que fue baleado Arrocha. Según Quirós, dicho expediente no aparece. También recordó que el candidato fue curador de la quiebra de las empresas del financista estadounidense convicto Marc Harris. Quirós no preciso si eso era bueno o malo, y Arrocha dijo que jamás fue abogado de Harris ni defendió sus intereses.
"No le deseo eso a nadie", dijo Quirós sobre el ataque del que fue víctima, y recordó que un juzgado penal condenó a cuatro personas por estos hechos. "Tal vez ni se acuerdan ya de quién es Olmedo Arrocha. Espero que ya se hayan resocializado, y si no lo han hecho, nuevamente corre peligro mi vida".
Antes de iniciar la ronda de consultas, la comisión recomendó la ratificación al pleno legislativo de Magali Maritza Díaz Aguirre como directora de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis). Díaz Aguirre funge actualmente como subdirectora.
