A partir del lunes 29 de febrero, los diputados deberán elegir cuáles de los 26 aspirantes a defensor competirán por ese cargo. Esto, tras conocer el informe de las entrevistas
ANÁLISIS
El presidente de la Comisión de Gobierno, el perredista Pedro Miguel González, informó ayer que aunque los nombres de todos los 26 aspirantes a la Defensoría del Pueblo serán remitidos al pleno legislativo solo serán candidatos oficiales los que sean postulados por alguno de los 71 diputados el mismo día de la votación.
Ayer fueron entrevistados los últimos nueve aspirantes a suceder a Lilia Herrera a partir de abril próximo. Luis Pinilla, el primero en hablar, abogó para que esta entidad tenga un presupuesto adecuado e instalaciones dignas y con personal capacitado y bien remunerado. “El defensor que resulte electo debe tener el firme compromiso de empeñar toda su voluntad de hacer cumplir la Constitución, las leyes y los convenios internacionales en materia de derechos humanos”, dijo.
Mientras que Berta Robledo, otra de las postuladas, aseguró que la institución debe estar más abierta para todos los grupos vulnerables. “Vamos a seguir realizando el trabajo en las cárceles. Vamos a incrementar ese equipo de trabajo de la Defensoría. Tengo una radiografía clara de lo que viven los privados de libertad”, destacó.
En tanto, Constantino Riquelme dijo que para ser un buen defensor del pueblo no es necesario que este entre en polémica con los miembros de los órganos del Estado. Más bien, dijo, debe abogar por la negociación e implementar los mecanismos de solución de conflictos. “La base del defensor del pueblo sería capacitar permanentemente a la población en materia de derechos humanos”, opinó.
Mientras que Gilberto Estrada manifestó que las facultades de la Defensoría descansan en la fortaleza oral de la institución. “El defensor del pueblo viene a ser un alto delegado parlamentario para vigilar que no se cometan actos violatorios de los derechos humanos a la población”, sostuvo.
Sheila Castrejón planteó la creación de un plan estratégico para empoderar a esta institución. “La Defensoría del Pueblo necesita que las personas vuelvan a creer en esta entidad y que sus quejas lleguen a sus destinos y se les resuelvan sus peticiones”, afirmó.
El sexto aspirante en intervenir fue Benjamín Rodríguez, quien dijo que de ser elegido laborará sin tregua en la promoción de todas las actividades que realiza la Defensoría del Pueblo. “El defensor del pueblo tiene que salir a la comunidad, debe tener ese contacto de comunicación con las comunidades, para conocer los diversos problemas sociales que afronta la población”, señaló.
Odilia Ortiz, otra de las aspirantes entrevistadas, abogó porque se resalte el valor de la familia dentro de la formación del recurso humano. Habló del sistema de justicia, el hacinamiento en las cárceles y de la necesidad de buscar soluciones para resocializar a las personas recluidas en los centros penitenciarios del país.
Mientras que Elsa Fernández propuso una mayor cobertura y protección a la familia. “Aspiro a una Defensoría con una administración eficiente, oportuna y, ante todo, humana; una Defensoría que se apodere de su rol y que garantice el cumplimiento de los derechos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos”, añadió.
El último en ser entrevistado fue Alfredo Castillero, quien sugirió elaborar un proyecto de rescate de la Defensoría del Pueblo para ponerla al servicio de las mayorías.
Planteó que hay que dirigir esfuerzos para cambiar la percepción ciudadana de que la Defensoría del Pueblo es una institución irrelevante.
Motivos de la objeción a Castillero
En la Comisión de Gobierno se revelaron los motivos por los que se objetó la postulación de Alfredo Castillero Hoyos como defensor del pueblo.
Castillero Hoyos, director ejecutivo institucional del Ministerio de Seguridad Pública y asesor del titular de esa cartera, Rodolfo Aguilera, fue objetado por Livia Ambulo, quien fue destituida de su cargo en el Ministerio de Seguridad. Ambulo, a través de una nota, consideró “reprochable” la postulación del funcionario de quien dijo que siendo un conocedor de los derechos humanos, permite violaciones a estas garantías fundamentales y “con una actitud de ignorancia inexcusable, no actúa a favor del reprimido o víctima (...).
Por su parte, Castillero respondió: “Como director no contrato, no nombro, no destituyo y ni siquiera traslado a nadie. Mi relación con la temática de los derechos humanos en la institución es sencilla: asistir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para elaborar los informes de Panamá (...)”, explicó.
