La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, en una sesión realizada este sábado 24 de agosto en Santiago, provincia de Veraguas, prohijó el anteproyecto de ley 123, que propone la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública, la inhabilitación de los funcionarios que cometan actos de corrupción y la eliminación del requisito de la prueba idónea para investigar a los diputados, entre otros aspectos.
La propuesta, que fue presentada por el diputado independiente Juan Diego Vásquez y la suplente Walkiria Chandler el pasado 14 de agosto, también plantea sancionar con prisión de cinco a seis años "a quien difunda noticias falsas o distorsionadas en alguno de los actos de contratación pública, para sacar provecho a favor suyo o de un tercero".
La misma pena se propone para quien impida la participación de otro proponente mediante violencia, intimidación o engañe; solicite o reciba pagos para participar o no en un acto público, o se concierte con otro para alterar o fija el precio en una contratación pública.
El anteproyecto 123 propone que que delitos como corrupción, enriquecimiento injustificado, tráfico de influencias, abuso de autoridad, fraude en actos de contratación pública, estafa, entre otros, no prescriban.
Plantea, además, la eliminación de la prueba idónea, uno de los requisito que exige el Código Procesal Penal para acompañar las denuncias presentadas contra los diputados. De hecho, la falta de este requisito ha provocado el archivo de decenas de procesos contra diputados.
[Lea aquí el anteproyecto de ley 123].
En el período constitucional pasado (2014-2019) el proyecto de ley que propuso la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción libró una dura batalla en el Legislativo y, pese a que fue avalado en tercer debate, el documento fue objetado parcialmente por el entonces presidente Juan Carlos Varela. El veto parcial obedeció a que los diputados incluyeron en el proyecto de ley reformas de otras normas, como la Ley 22 de 2006, de Contrataciones Públicas, para impedir que el Estado contratara con empresas que tengan acuerdos de colaboración en casos de corrupción.
El diputado presidente de la Comisión de Gobierno, Leandro Ávila, opinó que así como se sanciona a los servidores públicos, también se debe sancionar a las empresas que ofrecen las coimas.
“Para que exista un corrupto tiene que haber un corruptor”, destacó Ávila.
El diputado panameñista Bernardino González recomendó que en las consultas sean incluidas la Academia Panameña de Derecho Procesal, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, el Instituto Panameño de Derecho Procesal y los decanos de la facultades de derecho de las universidades. Al respecto, la diputada Corina Cano, del Molirena, recomendó sumar a la discusión al Consejo Nacional de Periodismo (CNP).
Cano solicitó escuchar la opinión de los miembros del CNP, cuando se haga referencia a la publicación en los medios de noticias falsas o distorsionadas en los procesos de contratación con el Estado.
En la misma sesión, los miembros de la comisión también prohijaron el anteproyecto 39, propuesto por el independiente Edison Broce, que busca ampliar las sanciones por la disposición incorrecta de la basura.
[Lea aquí el anteproyecto de ley 39].
Luego de prohijar los anteproyectos, los miembros de la comisión abrieron el periodo de consultas ciudadanas sobre el proyecto de reformas a la Constitución.
(Con información de Aminta Bustamante)
