La Fiscalía Auxiliar no ha podido confirmar ni descartar la veracidad del supuesto informe a través del cual la Agencia Federal Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) alertó a las máximas autoridades del Ministerio Público (MP) sobre la existencia de una red de corrupción en el seno de esa entidad y que estaría ligada a la liberación de cuatro acusados de narcotráfico en Azuero.
Este informe –o alerta– es la pieza clave de la investigación del llamado narcoescándalo, en el que se acusa a la ex secretaria general del MP y actual fiscal superior de Chiriquí, Nedelka Díaz; a su hijo Ángel Castillo; a la ex jefa de Recursos Humanos del MP Eva Lorentz; la exfiscal de Drogas de Azuero Milagros Valdés; el abogado Alcibiades Ballesteros; y a los cuatro supuestos narcos.
Fuentes allegadas a la investigación indicaron que las diligencias practicadas para determinar la veracidad del informe no han resultado efectivas.
Ni siquiera quien fuera el procurador cuando se recibió la supuesta alerta, Giusseppe Bonissi, se ha presentado a rendir declaración jurada en las sumarias, y eso que ya fue citado dos veces y fue él quien habló sobre la alerta en diciembre de 2010, cuando estalló el escándalo.
Otra de las experticias que ha resultado infructuosa fue la inspección ocular a la computadora del exasesor de Bonissi, Neftalí Jaén, la cual arrojó que el memorando que hace mención al supuesto informe de la DEA fue elaborado el 16 de diciembre de 2010 y no en agosto de ese año, como se había señalado al principio.
Inclusive, al rendir declaración jurada en el expediente, el fiscal primero de Drogas, Javier Caraballo, dijo no saber nada sobre la supuesta reunión en la que la DEA dio la alerta al MP, en noviembre de 2010, pues él estaba fuera del país.
Las fuentes informaron que, frente a esta situación, la fiscalía pediría apoyo directamente a los representantes de la DEA en el país.
