El pasado domingo los residentes de El Marañón, en el corregimiento de Calidonia, quedaron atónitos cuando se dieron cuenta de que una planta concretera se instalaba frente a sus edificios.
Vecinos de la Clínica Pediátrica de la Caja de Seguro Social, de la escuela República de Venezuela y de la turística cinta costera no podían creer lo que veían.
Desde diciembre de 2009, cuando empezaron a escuchar sobre las intenciones de instalar en los predios una concretera, los residentes manifestaron su oposición al proyecto. Su negativa, sin embargo, no contuvo la instalación de la planta que servirá para dosificar y mezclar el concreto que se utilizará, principalmente, en la construcción de dos proyectos inmobiliarios en la cotizada Avenida Balboa.
La empresa Interplus Capital S.A., propietaria de la planta, recibió el 26 de marzo de 2010 la aprobación del estudio de impacto ambiental categoría I, por parte de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam). Nueve días antes -el 17 de marzo-, la Dirección Regional Metropolitana del Ministerio de Salud (Minsa) otorgó la certificación de salud a la empresa.
Los dos apoyos oficiales se produjeron a pesar de que en el estudio de impacto ambiental se señala que el 50% de las personas consultadas rechazó la instalación de la planta en el lugar y pedía que se ubicara en otro sitio.
Ahora, los residentes se sienten burlados porque las autoridades, tanto ambientales como de salud, no tomaron en cuenta sus opiniones para otorgar los permisos correspondientes.
De acuerdo con el estudio, la planta operará por unos dos o tres años, y específicamente durante la construcción de los edificios Sfera y Horizon Tower.
Tomás Herrera, residente en el cuarto piso del edificio Plaza Pacífica, aún se pregunta cómo aprobaron la instalación de la planta en ese lugar. Desde el balcón de su apartamento se observa la maquinaria instalada el pasado domingo.
De acuerdo con el estudio de impacto ambiental, diariamente se procesarán allí 200 toneladas de cemento y 500 toneladas de arena y piedra, utilizando 24 mil galones de agua.
Herrera dijo que la mayor preocupación es la emisión de polvo que producirá la planta y el constante movimiento de camiones, tanto para llevar los materiales como para retirar el concreto.
Además, comenta, las vibraciones que se producirán afectarán las viviendas, y el ruido será aun peor del que soportan ahora. La concretera, dijo, viene a “echarle más sal a la llaga”.
Zahik Álvarez, presidente de la junta directiva del edificio Plaza Pacífica, dijo que aunque la concretera operará por un tiempo determinado, los problemas de salud se generarán y saldrán a relucir con los años.
Además de los residentes del Plaza Pacífica, los vecinos de otros inmuebles como el P.H Costa Marina, Costa del Mar, P.H Atlas y Costa Sur se opusieron también a la planta, tal como consta en el estudio de impacto ambiental.
Tanto Herrera como Álvarez consideran que la instalación de la planta tiene como finalidad “abaratar costos a la empresa, en detrimento de la salud de los vecinos”.
Álvarez denunció que las autoridades ambientales no les han proporcionado la información que han estado solicitando en relación al estudio de impacto ambiental.
Se intentó, sin éxito, una reacción por parte de la Anam. Igualmente, se intentó conocer la posición de Ingeniería Municipal, pero no fue posible.
Jorge Hassán, director de la Región Metropolitana de Salud, dijo que “en estos momentos no pueden hacer nada porque la planta no está operando y los permisos fueron concedidos”.
Hassán añadió que si al momento de iniciar sus operaciones, la empresa incumple sus obligaciones en materia de salud pública, podrá tomar alguna medida.
La empresa Interplus Capital S.A., dueña de la cementera, aseguró que dará su versión mañana, jueves.
Por el momento, se informó que los vecinos afectados se reunirán mañana con la empresa.
