El Ministerio Público (MP) investiga a la Dirección de Asistencia Social (DAS) y al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) por las contrataciones hechas a finales de 2014 y principios de 2015, a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), a favor del proyecto Techos de Esperanza.
El MP informó ayer que las pesquisas recaerán en la figura de la jefa de la entidad, Kenia Porcell, ya que uno de los investigados –Mario Etchelecu, ministro del Miviot– es funcionario con mando y jurisdicción en todo el territorio nacional.
“Somos un libro abierto y que se investigue todo lo que se tenga que investigar”, aseguró Etchelecu tras conocer la apertura del proceso.
La investigación repasará los procedimientos utilizados por el Miviot y el PAN para el otorgamiento de, al menos, $15.3 millones en contratos para el programa Techos de Esperanza.
De esa cantidad, $11.9 millones fueron manejados por el Miviot a través de licitaciones abreviadas. El resto, $3.4 millones, los otorgó el PAN por invitaciones directas y selecciones a juicio de su director, Rafael Stanziola.
Precisamente, los contratos entregados por Stanziola fueron menores a $300 mil, cifra límite para que el acto requiriera de la aprobación de su junta directiva antes de ser enviado a la Contraloría General para su refrendo.
En lugar de montos globales, las empresas se disputaban contratos siempre menores a $300 mil.
Una de las empresas seleccionadas en al menos 22 oportunidades fue Airco, S.A. entre sus competidores por el mejor precio, según documentos a los que tuvo acceso este medio. Todas las empresas participantes –10 en cada acto– lo hicieron después de una invitación directa de Stanziola.
Por ejemplo, el 24 de marzo de 2015, entre las 11:19 a.m. y las 11:31 a.m., el PAN sometió a refrendo de la Contraloría cuatro cheques por $138 mil 638 cada uno. Un día después, presentó otro por la misma cantidad.
Es decir, cinco cheques que suman $693 mil 190, una cifra que, de haberse otorgado en un contrato, hubiese requerido de la aprobación del Consejo Directivo.
En una conversación con La Prensa, Stanziola afirmó que todos los contratos se hicieron con estricto apego a la ley.
La metodología empleada por Stanziola para otorgar contratos fue cuestionada por la Contraloría General de la República, que dirige Federico Humbert, quien negó su refrendo ante el posible delito de ‘división de materia’.
POR INSISTENCIA
Por la decisión de Humbert, el PAN apeló al artículo 77 de la Ley 32 de 1984, que rige la Contraloría, que señala que ante la negativa del contralor la “Junta Directiva, Comité Directivo, Consejo Ejecutivo, Patronato” de dicha institución puede someter la reconsideración por “insistencia”.
“En caso de que dicha corporación decida que el acto debe emitirse o que la orden debe cumplirse, la Contraloría deberá refrendarlo, pero cualquier responsabilidad que del mismo se derive recaerá, de manera conjunta y solidaria, sobre los miembros de ella que votaron afirmativamente”, añade la norma.
El 18 de mayo de 2015, el Consejo Directivo del PAN se reunió para aprobar la moción de insistencia para que Humbert refrendara todos los pagos.“Para el Consejo Directivo del PAN, luego de haber aprobado en su conjunto todas las órdenes de compras relacionadas con la ejecución del programa Techos de Esperanza [considera] que no se estaría incurriendo en el fenómeno de la división de materia”, afirmó el seno de esta institución.
Más tarde, enviaron la solicitud por insistencia a la Contraloría y en la resolución aparecen las firmas de Stanziola; de Álvaro Alemán, ministro de la Presidencia; de Marcela Paredes de Vásquez, titular de Educación; Ramón Arosemena, de Obras Públicas; Zulema Sucre Menotti, viceministra de Desarrollo Social; y Adolfo Valderrama, entonces presidente de la Asamblea Nacional.
Este medio contactó a Alemán, quien expresó que respondería a las inquietudes al regresar de su viaje por Guatemala. También se contactó a Valderrama, pero no contestó.
Según el excontralor Carlos Vallarino, Humbert actuó apegado a la ley e incluso pudo haber vuelto a rechazar el refrendo por insistencia, según lo contenido en el artículo 77 de la Ley 32 de 1984, lo que hubiese obligado a la directiva del PAN a interponer una consideración en la Corte Suprema de Justicia.
Carlos Vallarino también se refirió a la celeridad de algunos documentos presentados por el PAN a la Contraloría. La Orden de Compra No. 63456, por ejemplo, fue refrendada apenas una hora después de su entrada y la No. 63515, al día siguiente. Ambas a favor de Airco, S.A.
A su juicio, la rapidez pudo ser por “pocos trámites en la institución” o una “gran influencia externa”.
Este medio contactó a Pedro Vallarino Trombetta, presidente de Airco, S.A., quien manifestó estar en Washington por compromisos familiares y que a su regreso al país respondería las dudas sobre las contrataciones.Por su parte, Loredana Aspite, de Fiorazio de Panamá –otra de las empresas cuyas órdenes de compra se presentaron en Contraloría en montos menores a $300 mil por los mismos servicios y con diferencia de apenas minutos– indicó que su compañía se limitó a cumplir con los requerimientos que le presentaron.
Reveló que, en lugar del PAN, fue el propio Miviot el que le hizo varias solicitudes de equipos para el proyecto Techos de Esperanza. Al momento de confeccionar la factura, explicó, le pidieron que fuera a nombre del PAN.
Según las explicaciones de Etchelecu, al momento de asumir el ministerio, el PAN contaba con un presupuesto de su institución.
Añadió que, al ser dinero comprometido, decidió utilizarlo en Techos de Esperanza. Enfatizó que todos los contratos otorgados fueron con presupuesto de 2014, y que, en 2015, su entidad no hizo traslados al PAN.
Otra de las empresas beneficiadas es Royal Construction Panamá, que obtuvo un contrato por casi un millón de dólares a través del PAN, y otro por $10.8 millones en un acto que hizo el Miviot.
Se trató de una licitación abreviada para el suministro de kits de sistema constructivo de paneles de PVC, que se abrió el 24 de diciembre de 2014 y cerró el 8 de enero. Royal Construction Panamá fue la única que se presentó.
Gassan Hachem Omais, presidente de la compañía, explicó que fue contratado por un tema de urgencia. “Esto te lo puede decir el propio ministerio. Ya hubo varios señalamientos en torno a esto. Yo no tengo mucho que hablar”, sentenció.
ANTAI INVESTIGA
En 2014, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) comenzó una investigación sobre estos contratos, luego de una denuncia anónima.
“De acuerdo con el denunciante, al final de la contratación no se informaba a quién se le compraba, el precio, las especificaciones de los equipos ni tampoco entregan información referente al proveedor beneficiado”, explicó Antai.
Además, se informó que “se observó una presunta división de materia” en los procedimientos, por lo que remitió el informe a la Contraloría para las respectivas auditorías.
“Estamos verificando si los hechos denunciados recientemente corresponden a los mismos que ya habíamos investigado. De tratarse de nuevos casos, se abriría una nueva investigación”, destacó Angélica Maytín, jefa de la Antai.
Por su parte, Carlos Gasnell, presidente ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, advirtió que estos casos demuestran que “tienen que desaparecer las licitaciones abreviadas, urgentes, y todos esos mecanismos que se prestan para los abusos y para que se gane la licitación quien cuenta con información privilegiada y puede cumplir con los plazos reducidos”.Recordó que en la administración anterior “hubo toda clase de delitos con el PAN ya confesados, y esta entidad debió desaparecer durante el primer mes del gobierno”.
A finales de 2015, y con vigencia a partir de 2016, el presidente Juan Carlos Varela firmó el Decreto Ejecutivo No. 775, mediante el cual eliminó el PAN y en su lugar creó la DAS.
A diferencia del PAN, que se regía por sus propias formas de compra, la DAS está amparada por la Ley No. 22 del 27 de junio de 2006, conocida como la Ley de Contrataciones Públicas.
