El Consejo de Gabinete avaló la noche de este martes, 24 de enero, que el Estado "se constituya" en querellante en proceso judicial que adelanta el Ministerio Público (MP) contra la empresa brasileña Odebrecht por el pago de sobornos, informó la Secretaría de Comunicación del Estado.
La decisión la tomaron durante la sesión que presidió el presidente Juan Carlos Varela. Fue el único tema que discutieron.
"Los ministros coincidieron en que es de interés del Estado -y en cumplimiento de la Ley- presentar una querella en las causas, de modo que las distintas instituciones que pudieran resultar afectadas formen parte del proceso, colaboren activamente y recuperen fondos desviados", destaca un comunicado.
Una vez fue aprobada la propuesta, el Gabinete solicitó a la Dirección Jurídica del Ministerio de la Presidencia "la coordinación entre las instituciones respectivas de modo que se presente una acción en nombre del Estado".
Más temprano, en conferencia de prensa, la procuradora Kenia Porcell informó que se ordenó la indagatoria de 17 personas, a quienes formuló cargos por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, como parte de las investigaciones por los $59 millones provenientes de cuentas en bancos suizos cuyos beneficiarios eran sociedades controladas por Odebrecht.
Enseguida se conoció que Tania Sterling, fiscal especial Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación (PGN), giró el lunes 23 de enero de 2017 una orden de ubicación y conducción de nueve personas, incluyendo los dos hijos varones y el hermano del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal –Ricardo Alberto Martinelli Linares, Luis Enrique Martinelli Linares y Mario Martinelli Berrocal–, como parte de las investigaciones por los sobornos.
Sterling investiga la presunta comisión de delitos contra el orden económico.
También pidió a Marcos Córdoba, jefe de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), la conducción del exministro de Obras Públicas, Federico José 'Pepe' Suárez; del exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Guillermo Saéz Llorens, y del empresario Riccardo Francolini Arosemena, actualmente detenido preventivamente, pero por otro caso.
