El contralor general de la República, Federico Humbert, aseguró que desmanteló la Unidad Central de Financiación creada por la excontralora Gioconda Torres de Bianchini para dar tratamiento “especial” a los contratos millonarios que se enviaban a la institución para refrendo durante el gobierno pasado.
A juicio de Humbert, esa unidad no tenía un sustento legal. “La unidad existía; no tenía ninguna base legal (...) y su trabajo era repetitivo con el que hacían otras direcciones”, explicó.
De acuerdo con el contralor, esta unidad, que no aparecía en el organigrama de la entidad, no solo aprobaba lo que emitían otras direcciones como Ingeniería, Auditoría, Económica, y Fiscalización, sino que a veces “modificaba y mandaba a aprobar” documentos que habían sido rechazados en otras direcciones. “Era como un ente adscrito a la Dirección General, que no tenían razón de ser”, resaltó.
Este diario pudo conocer por otras fuentes que el encargado de la unidad era Roger Cerrud, quien fungía como director de Fiscalización General de la Contraloría, entidad en la que laboró por 25 años. Se inscribió en el otrora partido oficialista Cambio Democrático (CD) en octubre de 2010. También trabajaba en esa unidad Margot Fuentes, considerada la “mano derecha” de la excontralora.
EL DESGREÑO
“Había un desgreño administrativo muy grande. Aquí había dos instituciones, una que estaba con la contralora y otra que no. Eran equipos que no se hablaban entre ellos”, contó.
Explicó que muchos de esos funcionarios ya no están en la entidad y advirtió que a los activos a quienes se compruebe manejos irregulares, se irán de la institución.
Cuando llegó a la Contraloría, Humbert creó la Dirección de Investigaciones y Auditorías Forenses (DIAF). Su misión: investigar los casos de alto perfil relacionados con escándalos de corrupción de la pasada administración.
Allí están, por ejemplo, la pesquisa que se le sigue al exministro de Desarrollo Social (Mides) Guillermo Ferrufino; el caso del magistrado separado Alejandro Moncada Luna; las anomalías en el Programa de Ayuda Nacional; la compra de equipos para interceptar comunicaciones; y el manejo administrativo de 153 juntas comunales, entre otros.
“La dirección de auditorías hace auditorías financieras que te dicen en qué se gastó el dinero. Sin embargo, una auditoría forense va más allá (...) sigue el dinero hasta el usuario final”, argumentó.
Dicho despacho tenía previsto enviar esta semana a una fiscalía anticorrupción el resultado de la auditoría sobre el caso de Ferrufino, pero luego de que el exdirector del PAN Rafael Guardia diera más pistas sobre contrataciones en el Mides para el alquiler de helicópteros, decidió investigar esos nuevos elementos. “Sería irresponsable entregarla [la auditoría] sin investigar los nuevos elementos”, dijo.
ADVERTENCIA
Lo advirtió. No firmará ningún acuerdo que hagan los ministerios con el PAN, tal como ocurrió en la era Martinelli. “El PAN está hecho para temas de emergencias y no para temas de ineficiencia. El ministerio tiene que desarrollar bajo su jurisdicción todos sus proyectos”, manifestó.
En la pasada gestión, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) trasladó millonarias partidas al PAN para “proyectos” de diputados oficialistas. El Mides gestionó el alquiler de helicópteros a través de esa misma entidad, y la Autoridad de Aseo aprovechó el flexible sistema de contratación de ese ente para alquilar camiones de basura, cuyos contratos fueron gestionados con empresarios ligados a CD.
De la investigación a 153 juntas comunales, dijo: “Hemos encontrado cosas que dan vergüenza (...) da dolor [ver] cómo se manejaron los fondos de los panameños. Va a tener que haber sanciones importantes y ejemplares para que sepan que con el dinero de los panameño no se juega”.
Pidió al Ministerio Público que sea “hábil”, para que al final del camino no sean los tesoreros municipales “los que queden subiendo y bajando escaleras (...) mientras que los que tienen culpa de esos malos manejos estén reídos en su casa”.
“Cuando salgan los resultados, te darás cuenta de que hay una responsabilidad desde el momento en que el MEF decidió pasar esos dineros a las juntas comunales”, complementó.
Contó que desde su puesto en la Contraloría le toca fiscalizar un promedio de $2.2 millones por hora. La cifra la estimó con base al presupuesto general del Estado ($19.5 mil millones). “Es bastante”, indicó.
