La Contraloría General de la República no ha entregado a la Fiscalía de Cuentas las auditorías de cinco megaobras realizadas durante el gobierno de Ricardo Martinelli y que habrían tenido, según la investigación, un presunto sobrecosto de $318 millones.
La información fue dada a conocer por el fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, quien precisó que al no tener su despacho las auditorías, se encuentra paralizado el proceso legal para que el Estado pueda recuperar este dinero.
"Aún no han sido entregadas las auditorías a la jurisdicción de Cuentas. La importancia de este trámite es que con base en dicho proceso, el Estado, en caso de que se haya producido una lesión patrimonial, puede resarcirse y de esa manera reintegrar los fondos al erario", precisó Rodríguez.
El fiscal de Cuentas recordó que la Constitución Nacional en su artículo 280, numeral 13, señala que una de las funciones de la Contraloría es la de "presentar para su juzgamiento, a través del Tribunal de Cuentas, las cuentas de los agentes y servidores públicos de manejo cuando surjan reparos por razón de supuestas irregularidades".
Rodríguez señaló que no existe un plazo establecido para la entrega de estos informes.
"No hay plazo, pero es un deber constitucional de la Contraloría hacer esa entrega en un plazo razonable. Si ya se entregaron los informes de auditoría al Ministerio Púiblico para iniciar la investigación penal, ¿por qué no se entregan también a la Jurisdicción de Cuentas para iniciar el proceso patrimonial?", añadió.
Sobre este tema, La Prensa consultó a voceros de la Contraloría General de la República. De momento no se ha emitido una respuesta sobre el reclamo del fiscal Rodríguez.
CONTEXTO
A finales de abril de este año, la Contraloría General de la República informó que las auditorías a cinco obras civiles efectuadas por la empresa brasileña Odebrecht y otras constructoras revelaron sobrecostos por $318 millones.
Se trata de auditorías al proyecto de ampliación de la avenida Domingo Díaz -adjudicada al consorcio formado por Ingenieros Civiles y Asociados, S.A., (ICA) y Constructora Meco, S.A.-, el corredor vía Brasil tramo uno y dos (a la empresa FCC), la preservación del patrimonio histórico de la ciudad de Panamá y la cinta costera tres (adjudicada a Odebrecht). Estas obras fueron bajo la administración del presidente Ricardo Martinelli.
Las cinco obras -según una nota de prensa de Contraloría- fueron licitadas el 11 de febrero de 2011 y adjudicadas el 29 de marzo de ese mismo año. Además, los contratos fueron firmados con menos de dos meses de diferencia y fueron todos adjudicados por el método de licitación de mejor valor con evaluación separada.
Funcionarios de la Contraloría presentaron formalmente las auditorías ante la sede del Ministerio Público el pasado miércoles 26 de abril.
En total, son 11 auditorías.
La Contraloría, dirigida por Federico Humbert, determinó que estos cinco proyectos "nacieron con sobreprecios desde su origen en el Ministerio de Obras Públicas (MOP)".
Detalló que los precios de referencia que "fueron establecidos por el MOP, se encontraban por encima de la realidad de los precios que estima la industria para del mercado de la construcción de infraestructura para el sector público".
"La auditoría concluyó con la existencia de un sobreprecio por un total de 318 millones de dólares en los cinco proyectos auditados, equivalente a 18.4% respecto al precio final de las obras. En ese sentido, los cinco proyectos de inversión pública se debieron ejecutar, como máximo, a un precio razonable total de mil 413 millones, pero se hicieron por un precio total de mil 731 millones de dólares", de acuerdo con la institución.
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