El procurador de la Administración, Rigoberto González, opinó que la Contraloría General de la República “debe iniciar una investigaciones de oficio” por posibles sobrecostos en los contratos otorgados en Panamá a la empresa Odebrecht.
Con tal planteamiento, González respondió ayer a una carta que le remitió el pasado lunes el contralor Federico Humbert, en la que este, a su vez, le contestó al procurador sobre una petición que le hizo para auditar las obras públicas de Odebrech –ya entregadas y en plena ejecución–, “a fin de conocer detalles en relación con posibles sobrecostos”.
González reconoció que todavía ayer no había podido leer detenidamente la respuesta de Humbert; sin embargo, opinó que, tomando en cuenta lo que ocurre en Brasil, donde el presidente de la constructora hasta diciembre pasado, Marcelo Odebrecht, fue condenado a prisión por corrupción, es prácticamente obligatorio que las autoridades panameñas se pronuncien.
“Para llegar a ese resultado, tenemos que hacer un mínimo, que fue lo que sugerimos a la Contraloría para que se haga una auditoría”, indicó.
“Somos de la opinión de que existen los instrumentos constitucionales y legales para realizar lo que nosotros sugerimos en la primera nota, y el principio de transparencia indica que en caso de dudas o irregularidad se deben llevar a cabo las diligencias correspondientes para determinar si hubo o no Irregularidades”, agregó.
González destacó que muy probablemente responda de manera formal al contralor, luego de que analice los comentarios que este le hizo, “porque de lo contrario quedaría la sensación que se nos dio una respuesta y que ahí terminó todo”.
Humbert le dijo que González que fuera más específico en su petición, particularmente que detallara los contratos que desea sean auditados; el período que debe ser examinado; el área técnica y económica de las obras ejecutadas; y el tipo de alcance de auditoría que desea.
ESTADOS UNIDOS INVESTIGA
Entretanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación por presuntos actos de corrupción en los contratos entre las empresas Braskem, Odebrecht y Petrobras, informó ayer la agencia internacional de noticias Reuters en una nota publicada en el diario Valor Económico.La información publicada explica que las pesquisas van dirigidas a determinar si las empresas mencionadas violaron la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos.
Se investiga contratos de 2009 para el abastecimiento de nafta (combustible) entre Petrobras y Braskem, que tiene a Odebrecht como accionista controlador.
La empresa Petrobras afirmó ayer a través de sus abogados en el extranjero que están compartiendo información con el Departamento de Justicia y la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos sobre una investigación interna que abrió en 2015.
Por su parte, Odebrecht manifestó que no había sido notificada y que no daría declaraciones, destacó la agencia de noticias.
CUESTIONAMIENTOS
El diputado panameñista José Antonio Domínguez reiteró su preocupación con lo que sucede en Panamá en relación con las obras de Odebrecht. “Me preocupa, porque hay proyectos que no requieren de una denuncia, proyectos que la Contraloría, con un buen equipo técnico, debidamente capacitado, podría verificar de manera rápida” y establecer si hubo malos manejos del dinero estatal.
Agregó que la Contraloría y el Ministerio Público han demorado demasiado tiempo, con el pretexto de que no se han dado las denuncias. Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana pro Justicia, destacó que si Odebrecht tenía un modus operandi basado en la coima y el tráfico de influencias en el extranjero, lo más seguro es que en Panamá también hubo sobornos.
“Lo que queremos saber es quiénes recibieron esas coimas en los tres gobiernos con los que trabajaron”, dijo Castillo, y criticó la nula acción de las autoridades panameñas para investigar este caso.
Juan Carlos Araúz, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, acotó que no se puede dilatar más las pesquisas en Panamá sobre este caso y cuestionó también el desinterés del contralor y del Ministerio Público en averiguar los posibles sobrecostos en que se incurrió con las obras otorgadas a Odebrecht.
Indicó que es una cuestión de rendición de cuentas, a la que están obligados lo servidores y las empresas.
(Con información de Carlos Alberto Vargas)
