El equipo legal de la Contraloría evalúa las acciones que tomará para enmendar la irregularidad que cometió al refrendar el contrato que permitió la apertura del casino Princess –ubicado en el hotel Four Point Sheraton– a pesar de que la Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión temporal del contrato.
Ayer, durante una reunión entre la contralora, Gioconda Torres de Bianchini, y su equipo de abogados se acordó que para hoy se presentará un informe detallado del caso, que incluirá las medidas que se podrían adoptar para corregir el error.
Las reuniones de ayer se programaron con urgencia, después que se conoció que el contrato con las empresas Sociedad Hotelera Marbella, S.A. y Princess Entertainment Panamá Inc., para la apertura de un casino completo en Marbella, fue refrendado de forma irregular por Torres de Bianchini el pasado 27 de abril.
La firma del documento se dio en medio de un proceso que se abrió en la Corte Suprema, luego de que se admitió un amparo de garantías constitucionales, el 5 de junio de 2009, y se pidió la suspensión de los efectos de la resolución de Gabinete que dio el visto bueno a dicho contrato. El casino está operando desde mediados de mayo y tendrá su inauguración oficial el próximo jueves.
En la Contraloría aseguraron que no tenían conocimiento del proceso legal que había en la Corte Suprema cuando Torres de Bianchini refrendó el documento, y por eso se ordenó la investigación del caso.
El documento judicial aún reposa en los despachos de los magistrados de la Corte Suprema, quienes se encuentran analizando un desistimiento de una de las partes que presentó el amparo de garantías, según informó la Secretaría General de ese órgano del Estado. El caso está en manos del magistrado suplente Jacinto Cárdenas.
El refrendo corre peligro, según fuentes de la Contraloría. El artículo 11 de la Ley 32 de 1984, que crea la Contraloría General de la República, establece que esta institución podrá “demandar la declaratoria de inconstitucionalidad o de ilegalidad de los actos que, en violación de la Constitución o de la ley, afecten patrimonios públicos”.
Para la adopción de esta medida se requerirá, según la citada ley, la autorización expresa del Contralor General o del subcontralor.
La Contraloría, igualmente, está facultada por el artículo 280 de la Constitución para pedir la nulidad temporal del contrato.
Se intentó contactar sin éxito a la secretaria ejecutiva de la Junta de Control de Juegos, Giselle Brea, para conocer las acciones que tomará esa dependencia luego de conocer la situación judicial del contrato del casino Princess. También se buscó la opinión de los representantes del casino Princess, pero no hubo respuesta.
