La Contraloría de la República les retuvo el salario a nueve funcionarios del Ministerio Público, entre ellos, a cuatro fiscales, por incumplir con su obligación de presentar su declaración jurada de bienes patrimoniales, informaron fuentes judiciales.
Los funcionarios que no han acatado la Ley 59 del 29 de diciembre de 1999, que rige esta materia, son Ricardo Solís, fiscal de Delitos contra la Seguridad Colectiva; Cristina Cedeño, fiscal séptima de circuito; Humberto Collado, fiscal de Drogas de Colón, y César Pereira, fiscal superior especial.
La lista la completan Aquiles Medina, asistente de la Fiscalía Primera Superior; Flor Pinzón, asistente de Fiscalía de Circuito; Franklyn Rodríguez, delegado de la Fiscalía Auxiliar; Leyde Machuca, asesoría legal, y Erasmo Mendoza, del Centro de Custodia.
Los nueve fueron nombrados y promovidos durante la administración del procurador (encargado) Giuseppe Bonissi, quien renunció en diciembre pasado.
Se informó que se analiza si se les abre un expediente disciplinario por el incumplimiento de esta norma.
