El contralor Federico Humbert remitió el 7 de junio pasado al Ministerio Público (MP), “para los trámites que estime pertinente”, el resultado de una auditoría que calculó en $2.5 millones el posible enriquecimiento injustificado de la exministra de Trabajo y Desarrollo Laboral Alma Cortés.
Según la auditoría, Cortés canceló un apartamento valorado en $144 mil y una casa de playa en San Carlos, por $255 mil, durante el período que comprendió la auditoría, del 1 de julio de 2009 al 31 de mayo de 2015.
La investigación también revela que obtuvo una propiedad por $360 mil y otro apartamento valorado en $154 mil.
La auditoría destaca, asimismo, que Cortés alteró valores de propiedades y cuentas bancarias en su declaración jurada de bienes, de julio de 2014.
Alejandro Pérez, abogado de Cortés, informó que aún no ha tenido acceso al expediente, por lo que no podía hacer comentarios.
CONTRALORÍA SEÑALA A ALMA CORTÉS
Cuando Alma Lorena Cortés Aguilar ingresó al puesto de ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), en julio de 2009, tenía en sus cuentas bancarias la suma de $22 mil 521.06, y luego de abandonar el cargo, al 31 de mayo de 2015, estas reflejan un saldo de $860 mil 107.82.
Las cifras anteriores están contenidas en una auditoría efectuada al patrimonio de la exfuncionaria por peritos de la Contraloría General de la República.
La revisión se inició de oficio el 8 de enero de 2015, con base en una noticia publicada el 5 de enero de ese año en el diario La Estrella de Panamá, titulada: “Investigan compra y venta de propiedades de Alma Cortés”.
El documento oficial, al que tuvo acceso este medio, revela que en el período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de mayo de 2015, la exministra Cortés obtuvo recursos provenientes de fuentes conocidas (salarios, viáticos, pagos de dietas, préstamos y otros) por $1 millón 22 mil 418.21, mientras que los recursos monetarios utilizados (pagos, gastos, bienes adquiridos y saldos en bancos) totalizaron $3 millones 610 mil 348.09, lo que da cuenta de un incremento patrimonial no justificado hasta ahora de $2 millones 587 mil 929.88.
MINTIÓ
Cortés formuló su declaración jurada de bienes patrimoniales el 14 de julio de 2009, con base en lo que dicta la Ley 59 de 1999. No obstante, la auditoría de la Contraloría detectó que Cortés mintió y alteró el valor real de sus bienes en varios puntos de su declaración jurada.
La exministra declaró bienes por $632 mil, mientras que la auditoría los calculó en unos $150 mil. Por ejemplo, Cortés declaró que en concepto de viáticos como ministra recibía $4 mil mensuales, cuando eran $3 mil 500.
Dijo, bajo juramento, que tenía un saldo de $3 mil en una de sus cuentas bancarias, pero en realidad tenía un sobregiro de $909.99.
Además, la auditoría descubrió que tenía otra cuenta con $18 mil, en lugar de los $35 mil que declaró.
INGRESOS
Como se dijo, la auditoría calcula que Cortés recibió en el periodo señalado $1 millón 22 mil 418.81 de fuentes conocidas.
El salario que tuvo como ministra (2009-2014) sumó $343 mil 165 y los viáticos $191 mil 527. Además, recibió $150 mil por la venta de su casa en Castilla de Oro, San Miguelito.
Además, obtuvo un préstamo personal del HSBC por $269 mil; $11 mil 661 del partido Cambio Democrático como subsecretaria general; $2 mil por honorarios en la firma Cortés, Cortés, Molino y Asociados; $2 mil 336 por dietas tras asistir a la directiva del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh); y $2 mil de salario como docente en la Universidad de Panamá.
RECURSOS UTILIZADOS
En cambio, según los auditores Cortés utilizó, en el período señalado, recursos que totalizaron $3 millones 610 mil 348.09.
La cifra anterior se divide así: pagos a tarjetas de crédito por $492 mil 965; pagos a préstamos por $322 mil 169; gastos por $995 mil 710; compra de bienes por $939 mil 395 y tiene en saldo de sus cuentas en bancos $860 mil 107.
De acuerdo con la información recabada durante la auditoría, la exministra hizo pagos a empréstitos bancarios por $322 mil 169.
También realizó pagos por $88 mil 182 al préstamo que adquirió del Banco Nacional desde 2006 por su residencia en Castilla de Oro. De este total que pagó, $24 mil 751 fueron descontados de su salario como ministra y otros $63 mil 676 los canceló en marzo de 2014, como resultado de la venta de dicha propiedad a su cuñado, Melvin Delgado, quien laboró en el Mitradel con salario de $2 mil mensuales.
También hizo otros pagos efectivos de $2 mil 967 para cancelar el préstamo de su carro Ford, modelo Edge, que adquirió en mayo de 2007 a un costo de $30 mil. Además, en enero de 2013 pagó la suma de $15 mil 134 de un préstamo prendario con el Banco General.
APARTAMENTOS, CASAS
En el período de la investigación, se recopiló que la exministra realizó transacciones para adquirir apartamentos, una residencia y una casa de playa, muchas de las cuales ya canceló.
A través de la Fundación Ramimar y de la sociedad Omira, S.A., en la que la exministra es presidenta y directora, se llevaron a cabo las compras de los bienes. En estas sociedades aparecen como dignatarios sus hermanos e hijos.
En 2012, la sociedad Desarrollo Inmobiliario La Condesa, S.A. vendió un apartamento en el P.H. Rokas, Torre 1, por $144 mil 950, a Adolfo Omar Calderón Cortés, quien actuó en nombre y representación de la sociedad Omira, S.A.
Calderón Cortés es hijo de la exministra y representante legal de la citada sociedad, conformada desde el 8 de septiembre de 1999.
Alma Cortés separó ese apartamento con mil dólares. También hizo dos pagos desde su cuenta bancaria por $25 mil, como abono, y realizó un tercer pago en efectivo por $20 mil 950, motivo por el cual fue reportada a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
La cancelación del apartamento fue efectuada con un cheque de gerencia del 1 de febrero de 2013 por $99 mil, emitidos contra fondos de la cuenta bancaria a nombre de Fundación Ramimar, de la que la exministra es fundadora, presidenta y única firmante de la cuenta.
Un año después de la adquisición de este apartamento, en abril de 2013, la sociedad Desarrollo Inmobiliario La Condesa, S.A. vendió a Ramimar un apartamento en el P.H. Rokas, Torres 2, por $154 mil 950. Cortés actuó en nombre y representación de Ramimar.
Según indica la auditoría, se obtuvo evidencias de que los tres primeros pagos de este apartamento, que totalizaron $115 mil 495, fueron realizados desde una cuenta de la firma de abogados Cortés, Cortés, Molino y Asociados.
Los auditores señalan que Alma Cortés es socia y representante legal del citado bufete de abogados, y firmante de la referida cuenta.
Además, se hizo otro pago por $39 mil 445 para este apartamento. De acuerdo con los auditores, el cheque corresponde a una cuenta del Banco General, según el recibo de cobro.
Asimismo, el banco HSBC –hoy Banistmo– vendió en 2010 a la Fundación Ramimar, por $369 mil, una finca correspondiente a la casa ubicada en Royal Country, en Altos de Panamá.
Según información obtenida por la Contraloría, Cortés realizó abonos en tres cheques por $100 mil para el referido préstamo entre abril y julio de 2010.
Estos pagos provenían de la sociedad Servicios Múltiples Empresariales, S.A. y de Franquiciataria Ranchera, S.A. (hoy Business Management Adviser, S.A.), ambas relacionadas con el abogado Rubén Darío Moreno Magdaleno, que emitía los cheques a favor de Diana Guadalupe Cortés –hermana de la exministra– y que eran depositados a la cuenta del préstamo en Banistmo.
La relación del abogado Moreno Magdaleno con la exministra se desprende, según la auditoría, por el hecho de que la Fundación Ramimar, de la cual Cortés es presidenta, abrió su cuenta bancaria con un depósito inicial de $100 mil a través de un cheque de la sociedad Servicios Múltiples Empresariales, S.A.
En tanto, en febrero de 2014, según escritura pública, la sociedad Fontanella del Mar, S.A., representada por Andrés Farrugia González, vendió una finca para la casa de playa a la Fundación Ramimar. La propiedad está ubicada en San Carlos, en Panamá Oeste, cuyo precio de venta fue de $255 mil.
Destaca la auditoría que la compra se hizo sin financiamiento bancario. Se hicieron cinco pagos de $50 mil a favor de la sociedad Fontanella del Mar, S.A., mediando entre cada uno de ellos un plazo de 12, 60, 32 y 21 días.
Cortés también declaró como bien suyo una finca reforestada de 88 hectáreas en Las Margaritas de Chepo, valorada, según ella, en $400 mil. Sin embargo, la auditoría señala que en 2011 la exministra pagó $534 por la inscripción de esa propiedad a nombre de la Fundación Ramimar.
CUENTAS
Aunque Cortés señaló en su declaración de bienes finales poseer cuentas bancarias con cuatro, cinco y seis “cifras bajas”, la auditoría revela que al 30 de mayo de 2015 tenía $860 mil 107.
CORTÉS DEMANDARÁ AL CONTRALOR
Este medio llamó al celular de la exministra de Trabajo Alma Cortés, y se le dejaron mensajes, pero no respondió. En su lugar se localizó a su abogado Alejandro Pérez, quien informó que aún no ha tenido acceso al expediente, lo que le priva del derecho a la defensa de su representada, y por ello señaló que no podía dar detalles de los señalamientos contra la exfuncionaria.
Pérez anunció que en los próximos días interpondrá una denuncia contra el contralor de la República, Federico Humbert, por supuesto abuso de autoridad, tras dar a conocer a los medios de comunicación la declaración de bienes patrimoniales que hizo la exministra a su entrada y salida del cargo.
“Esto es de estricta confidencialidad y de acceso restringido, porque ponen en peligro su seguridad, si no que explique por qué los ministros de Desarrollo Agropecuario, Jorge Arango, de la Presidencia, Álvaro Alemán, y el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, no dieron a conocer su declaración de bienes patrimoniales”, indicó.
Al ser interrogado del por qué la exministra habría omitido información y en otros casos alterado cifras de bienes en su declaración de bienes patrimoniales, el abogado respondió que esas posibles faltas se podrían convertir en un tema de carácter administrativo, por lo que serían objeto de una sanción de esta índole y no de tipo penal.
Sobre el uso de fundaciones y sociedades para transacciones bancarias, Pérez dijo que Cortés era parte de esas sociedades y podía disponer de sus recursos como mejor le pareciera.
(Con información de Eduardo Mendoza)
Los efectos de una auditoría de Contraloría
Una auditoría de la Contraloría General de la República es una parte importante del acervo probatorio de los casos de corrupción de servidores públicos. La constatación por parte de los auditores de la Contraloría de que la declaración patrimonial de bienes efectuada por un exfuncionario es falsa, puede constituir el tipo penal de enriquecimiento injustificado, contenido en el artículo 351 del Código Penal, que establece una pena de 6 a 12 años de prisión para los funcionarios que hayan aumentado su patrimonio sin justificación, por un monto que exceda los $100 mil.
Otro tipo penal que se pudiera constituir es el peculado. Este supuesto hipotético se demostraría si la auditoría realizada verifica que un tercero, ya sea una persona natural o jurídica, que fue proveedor del despacho o institución en la que trabajaba el exfuncionario investigado, efectuó pagos directos o indirectos a dicho servidor. La sanción que tiene este delito, según el artículo 338 del Código Penal, es de 8 a 15 años de prisión, cuando el monto excede los $100 mil.
Es justo recordar que la carga de la prueba se invierte para el delito de enriquecimiento injustificado, es decir, que le corresponde al acusado probar que no hubo tal aumento de su patrimonio de forma injustificada.
*El autor es abogado
