El magistrado Adán Arnulfo Arjona advirtió que el contrato entre la Autoridad Portuaria Nacional (hoy Autoridad Marítima de Panamá, AMP) y Ocean Pollution Control, S.A., no cumplió con las disposiciones legales para su validez, y otorgó “beneficios ilimitados” a la empresa.
Arjona fue el único magistrado de la Sala III que salvó su voto en un fallo que declaró legal el contrato entre la Autoridad y Ocean Pollution, así como una adenda al mismo, firmada en 1999. El fallo -del 25 de septiembre de 2007, pero dado a conocer el pasado viernes- fue avalado por Víctor Benavides (ponente) y Winston Spadafora.
A la Sala III le tomó casi cinco años decidir sobre la legalidad o no de esta concesión. La demanda de suspensión del contrato fue presentada por Enrique Cedeño, en representación de la Contraloría General, en marzo de 2004, al considerar que la Autoridad Portuaria no tenía facultad jurídica para negociar directamente con Ocean Pollution, además de afectar “gravemente” los intereses del Estado.
La concesión fue otorgada por los ex directores de la Autoridad Hugo Torrijos y Rubén Reyna. La Contraloría probó que este último está vinculado al presidente de Ocean Pollution, Jovan Vukelja.
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