37170. Este número entrará en la infamia, porque es el que identifica el cable –filtrado por Wikileaks y entregado a La Prensa– que revela el nivel al que ha llegado la corrupción en la justicia panameña.
De manera descarnada, en él la exembajadora Linda Watt reporta: “Los magistrados administran la Corte como una empresa delictiva (racket)” en la que se manejan “cifras de seis dígitos o más”.
Tan contundente afirmación solo confirmó las sospechas del ciudadano común, ahora respaldadas por revelaciones como las que han salido a la luz con la filtración de los cables que los representantes diplomáticos estadounidenses enviaron a su capital sobre los eventos, desempeño y escándalos del Gobierno y sociedad panameños.
El reporte de Watt deja ver que la Corte Suprema de Justicia panameña, entre 2004 y 2005, no impartía justicia, sino que vendía sentencias al mejor postor.
La preocupación de Watt la compartieron sus sucesores –William Eaton y Barbara Stephenson– que cada vez que podían, volvían sobre el tema debido a los clamores que no paraban de llegar a la embajada estadounidense.
El tópico sigue vigente hoy, seis años y dos presidentes después, Martín Torrijos (PRD) y Ricardo Martinelli (CD).
El mal ejemplo que da la Corte Suprema de Justicia (CSJ) panameña ha contribuido a profundizar la corrupción, corroyendo a la sociedad, concluye la exembajadora Linda Watt en su cable del 22 de julio de 2005 a Washington.
En su informe plantea que: “la logística de la compra de sentencias en la Corte es escalofriantemente burda” y expone que el concepto de “conflicto de intereses” está vacío de contenido en este medio. Los políticos y los magistrados de la Corte Suprema –comentó la exembajadora Watt– rutinariamente usan los puestos públicos para sacar provecho privado.
Corría el año 2005. Martín Torrijos acababa de tomar posesión como Presidente de la República bajo el sonoro y pegajoso eslogan: “Más trabajo, más seguridad y cero corrupción”, con el que se anunciaba la “Patria Nueva” como contraparte de los escándalos como el Cemis y la ratificación, teñida de sospechas, de los magistrados Winston Spadafora Franco y Alberto Cigarruista, nominados por la presidenta Mireya Moscoso.
En sus reportes, Watt dejaba entrever su esperanza de que Torrijos atacara el problema, como prometió en campaña. Y confiaba en que aprovecharía el “escándalo Spadafora” (producido por el inminente retiro de la visa estadounidense por corrupción al magistrado Winston Spadafora) y luego las denuncias públicas del magistrado Adán Arnulfo Arjona como palanca para adecentar el sistema judicial. Pero no sucedió.
Analistas como José Isabel Blandón padre atribuyen la inacción de Torrijos a su proverbial tendencia a la procrastinación; quienes lo quieren menos hablan de “incapacidad” y sus opositores apuntan a que no podía actuar con energía en el tema porque muchos de sus correligionarios estaban involucrados en el escándalo del Cemis, y la Corte era la llamada a atender el caso.
Uno de los primeros pasos, que se consideraron alentadores, fue la instalación del foro del Pacto por la Justicia, en marzo de 2005, forzado por la presión ciudadana hastiada de la corrupción. El acuerdo resultante de ese esfuerzo, conocido como Pacto por la Justicia, fue firmado en octubre de 2005 y fue como una bocanada de aire fresco que se agotó pronto.
Torrijos firmó el Pacto sin darle sostén jurídico con un decreto o proponiendo una ley que forzara su cumplimiento; luego lo puso en el congelador. El gobierno de Torrijos y después el de Martinelli no asignaron los fondos necesarios para implementar las medidas acordadas. Además, violaron uno de los acuerdos emblema del Pacto: la aplicación del mecanismo de designación de los magistrados de la Corte Suprema.
En octubre de 2010, cinco años después de la firma del Pacto, la Alianza Ciudadana hizo una auditoría y reportó que 58.6% de los acuerdos no han sido puestos en marcha y 20.7% no puede ser siquiera analizado porque no se pudo determinar qué ocurrió con ellos.
