El ex contralor Alvin Weeden no entiende por qué la Corte Suprema acogió un amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa de la ex presidenta Mireya Moscoso, acción que impedirá conocer el destino final de $48 millones que, en 10 años, gastaron ella y su antecesor Ernesto Pérez Balladares.
Weeden planteó que los dos ex presidentes eran objeto de auditorías ordenadas por la Contraloría y que pretendían determinar si los dineros desembolsados se invirtieron en los fines para los que fueron solicitados.
“Resulta sospechoso que la Corte acogiera y fallara un amparo de garantías a favor de Moscoso, cuando ella no era objeto de la resolución emitida por Contraloría”, comentó.
Weeden se refiere a la Resolución 814-2004-DAG, que él firmó hace seis años cuando era contralor, autorizando una auditoría a solicitud de Ubaldino Real, ministro de la Presidencia de aquella época.
En esa resolución se dejó constancia de que las personas que tuvieron “acceso” a estos fondos discrecionales, no rindieron cuentas a la Contraloría sobre su uso y destino final.
Durante sus cinco años de gestión –1994-1999–, Pérez Balladares gastó $25.3 millones, incluyendo la compra de regalos a sus familiares, amistades y ministros. Moscoso, por su parte, se gastó $23.4 millones, de 1999 a 2004.
