En el Órgano Judicial las cuentas están más claras. Ayer, el presidente de la Corte Suprema, Aníbal Salas, finalmente detalló que se necesitarán 2 millones de dólares para la puesta en funcionamiento de la nueva Sala Quinta de Instituciones de Garantías.
Hace apenas una semana, Salas declaró que había remitido una carta el presidente, Ricardo Martinelli, pidiéndole el presupuesto para la nueva instancia, pero en aquella ocasión aseguró no tener el monto de lo pedido.
Ayer precisó que también pidió al Ejecutivo la compra de un edificio cercano al Palacio de Justicia, en Ancón, para instalar allí la nueva Sala.
Pero mientras ello ocurre, fuentes del Órgano Judicial han informado que los tres nuevos magistrados tendrán que trabajar en un despacho en el piso tres del palacio, cerca de sus nueve colegas.
Eso sí, Salas explicó ayer que el fallo que revivió la instancia, suscrito por ocho de los nueve magistrados del pleno, aún no está en firme debido a que fue presentado un recurso de aclaración de sentencia, que no ha sido resuelto por el magistrado Alejandro Moncada Luna.
A juicio del magistrado presidente de la Corte, esta nueva Sala “aportará mayor celeridad a la resolución de los recursos de amparos de garantías y hábeas corpus”.
La figura de la Sala Quinta fue revivida el 25 de enero pasado, con un fallo del pleno que declaró inconstitucional la Ley 49 del 24 de octubre de 1999, que, a su vez, había derogado la Ley 32 del 23 de julio de ese mismo año, con la cual el entonces presidente Ernesto Pérez Balladares creó la instancia.
Sin embargo, tras la difusión pública del fallo, el abogado Hernán Bonilla pidió una aclaración de la sentencia, pues, según su criterio, la decisión del pleno no dejó claro si la nueva Sala cobra vigencia de manera inmediata o si el Ejecutivo tiene que presentar un nuevo proyecto de ley ante la Asamblea. Tampoco aclaró si los que fueron magistrados de la Sala en 1999 podían o no reclamar compensación tras ser declarada inconstitucional.
